Arequipa: Más de 250 reos saldrían del penal Socabaya con nueva ley

22 de Enero de 2017
Reos del penal Socabaya, Arequipa
Fuente de la imagen: 
El Pueblo
Norma que establece conversión de prisión a penas alternativas favorece a quienes cometieron delitos menos lesivos y fueron condenados a menos de seis años, como omisión a la asistencia familiar o hurto.

Por: Lino Mamani A.

El Ejecutivo le tiende la mano al menos a 250 presos del penal de Socabaya, que podrían recuperar su libertad en las siguientes semanas al acogerse al Decreto Legislativo N° 1300-2016, que busca penas alternativas a la reclusión. Una oportunidad para que se resocialicen y encaminen su rumbo.
La norma publicada a fines de diciembre y proclamada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, regula el procedimiento especial para que se reconviertan las penas privativas de la libertad por sanciones alternativas, con la intención de buscar una reinserción adecuada de los que fueron condenados a menos de seis años de prisión y cometieron delitos menores.
En la actualidad, en el penal de varones de Socabaya, existen 2 mil reos, de los cuales 524 cuentan con penas por debajo de seis años de cárcel.
No obstante, la ley establece que solamente pueden beneficiarse con la ley los que fueron condenados por delitos de poca lesividad y repercusión social, excluyéndose a los que cometieron delitos graves, integraron bandas delincuenciales o se encuentran en la cárcel al revocarse su pena suspendida (por no cumplir con las reglas de conducta establecidas por el juez).
Reduciendo la línea, los favorecidos podrían ser 250 reclusos  quienes fueron sentenciados por delitos como omisión a la asistencia familiar,  hurto, entre otros de bagatela.


NO SE PERDONA
Que dejen la prisión no significa que se les indulta la pena, sino que el Ejecutivo establece la alternativa de que los magistrados varíen la pena efectiva por servicios a la comunidad, por ejemplo, que serían acciones que buscan que revierta el daño que provocaron y aprendan su lección para no volver a cometerlo.
La jefa de la Oficina Regional Sur – Arequipa del Inpe, Eufemia Rodríguez Loaiza, sostuvo que es positiva esta norma debido a que existen personas que no deberían purgar prisión por los delitos menores que cometieron.
La medida, agregó, también permitirá reducir  en algo el hacinamiento en el establecimiento penitenciario de Socabaya, que siendo uno de los más importantes del sur del país, tiene solamente una capacidad para albergar a 667 presos, pero cuenta con más de 2 mil personas. Es decir, una sobrepoblación de tres veces a su aforo.

SIN CONTAMINARSE
Otra de las ventajas es que se evitaría que personas que cometieron delitos menores, puedan “contaminarse” de las mañas de internos de peligrosidad.
Como por ejemplo, los padres que se negaron a cumplir con su responsabilidad de dar una pensión para sus vástagos. En Socabaya purgan 79 varones por dicho delito.
Sin embargo, no todos los sentenciados por omisión a la asistencia familiar podrían beneficiarse, porque existen varios a los que sus condenas suspendidas fueron revertidas a efectivas, precisamente por no obedecer las disposiciones de los magistrados y no abonar la pensión.
Recientemente, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó que diseñan una propuesta legislativa que pretende despenalizar la prisión por el delito de omisión de pensión de alimentos.
“Hay en estos momentos dos mil personas en la cárcel por omisión de asistencia familiar, por lo tanto hay niños que no tienen a sus padres trabajando en las calles para pasarles los alimentos”, puntualizó.

EL PROCEDIMIENTO
El trámite para la conversión de condenas puede ser presentado a petición del interno o de oficio, siempre y cuando cumplan con los requisitos.
Es el magistrado unipersonal o el juez que dictó la sentencia, el encargado de llevar adelante el requerimiento y quien, en un plazo no mayor a las 24 horas, el que informe al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) la resolución que establece la reconversión y la inmediata libertad del recluso.
Tendrán prioridad los internos mayores de 65 años, mujeres gestantes, damas con hijos menores a un año de edad, el padre o madre que sea cabeza de su hogar (con hijo menor de edad, cónyuge con discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado).
 
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