Empresas implicadas en corrupción no contratarán con el Estado

07 de Enero de 2017
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En el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, el gobierno publicó hoy el Decreto Legislativo N° 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en diversos delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así, se modifica y perfecciona la Ley N° 30424, que fue promulgada en abril del 2016 regulando tal responsabilidad pero solo en cuanto al delito de cohecho activo transnacional.
 
Entre las sanciones que contempla la norma se habla incluso de multas, disolución e inhabilitación “para contratar con el Estado de carácter definitivo”. Para el abogado penalista Carlos Caro, esto sería una suerte de “muerte civil”, pero ya de naturaleza empresarial. Cabe recordar que con la Ley N° 30424, la suspensión para contratar con el Estado era de máximo 5 años.
 
Los fundamentos del decreto refieren que estas medidas son parte de exigencias internacionales, como las planteadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
 
“De todas las reformas penales que ha hecho este gobierno, esta es la más importante o está entre las más importantes. Nos pone a la par no solo de legislaciones para entrar a la OCDE, sino también a nivel de legislaciones como la de Estados Unidos”, comentó a El Comercio el abogado penalista Carlos Caro Coria.
 
El Ejecutivo tiene un plazo de 90 días hábiles -para aprobar el reglamento a propuesta del Ministerio de la Producción y con el refrendo de los ministros de Economía y Finanzas, y Justicia. El decreto entrará en vigencia el 1 de enero del 2018.
 
FUENTE: EL COMERCIO
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