Editorial: La demanda del defensor del pueblo

04 de Agosto de 2017
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El Pueblo

Como parte de una política nacional del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, las oficinas de la Defensoría en todo el país están procurando recibir información detallada sobre el quehacer de los ciudadanos que fueron elegidos para conducir organismos públicos y determinar sus bondades.

Entre los convocados a brindar tal tipo de información se encuentran los parlamentarios, también los gobernadores regionales y los alcaldes, sean estos provinciales o distritales con el objeto de determinar asimismo en qué medida dichas autoridades con origen legítimo han dejado de escuchar las demandas de sus pueblos o el aporte ofertado por universidades que elevan planes de desarrollo anuales.
La intención resulta saludable y deberá ser seguida por una respetuosa invocación al Poder Ejecutivo, Legislativo y a los entes regionales, para dinamizar su trabajo y obtener el concurso público para mejorar el comportamiento de la economía y la atención a los reclamos colectivos.
No se trata de una labor propia de la Contraloría, que se sustenta en documentos y que tiene que ver con el manejo del dinero público, sino de definir el porcentaje de la participación popular y de la escucha por parte de quienes gobiernan procurando que su trabajo sean realmente valedero y efectivo y ante las frecuentes invitaciones que se hacen a una labor conjunta, pues las condiciones críticas que vive el país solo pueden ser superadas por el concurso comunitario.
Esto no debe entenderse como intromisión indebida, sino como lo que es realmente: el derecho del ciudadano de estar bien informado de lo que sus representantes hicieron o dejaron de hacer y juzgar ahora mismo a los grupos políticos que los propusieron a la consideración colectiva para obtener mejores resultados de los que están a la vista.
 
Es indispensable que el pueblo sepa lo que sus mandatarios elegidos hacen y también como escuchan las demandas comunitarias que se les hacen sobre economía y obra pública.
 
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