Editorial: La evaluación de la Policía Nacional

14 de Julio de 2017
editorial el pueblo
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El Pueblo

Por decisión del Ministro del Interior, y del comando institucional de la PNP, los altos jefes de la institución encargada de la seguridad ciudadana están evaluando en Lima el comportamiento de oficiales y suboficiales en una campaña destinada a cambiar la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la seguridad colectiva y a la lucha contra la delincuencia.

Ningún oficial de alto mando puede ser ajeno a esta evaluación, sobre todo considerando que se han encontrado anormalidades en el quehacer de oficiales y subalternos que habían marcado negativamente el prestigio de la organización y que ahora parece decididas a autolimpiarse para devolver confianza a una ciudadanía preocupada por desórdenes existentes y comportamiento e inconducta funcional en la PNP.
El Congreso de la República ha escuchado también a Carlos Basombrío, exponer algunos de los cambios logrados, capturas, requisitorias y empeño en detener a los responsables de malos actos, mediante premios a quienes los denuncien o los identifiquen suficientemente para favorecer su detención.
Todo lo avanzado resulta, al parecer, insuficiente. El colectivo ciudadano es más exigente que nunca en la demanda de terminar con los malvados que sobre todo en Lima, y en la parte norte del país han hecho barbaridades en los últimos años.
En Arequipa una mejor concertación entre Policía y serenazgo puede significar alivio para los preocupados que observan la proliferación de actos delincuenciales, pero que no llegan a los lamentables niveles que se conocen en otras partes de la República.
La lucha contra la corrupción no puede tener límite alguno y debe ser implacable para que todos nos sintamos mejor y veamos recuperado el prestigio de una PNP llamada a protegernos y a sancionar eficazmente a los que se ponen al margen de la ley.
 
Resulta prudente y necesario evaluar el comportamiento de los altos mandos, de los oficiales y suboficiales de la PNP para devolver confianza en el organismo estatal encargado de proteger al ciudadano.
 

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