Editorial sábado: El problema de la vivienda y el tráfico político

04 de Marzo de 2017
El Pueblo
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El Pueblo
Resulta penoso, pero no menos cierto, que hay cerca de 80 mil familias que no teniendo vivienda propia y única en Arequipa se afanen en lograrla y que de ello se aprovechen elementos vinculados en unos casos a la política y en otros a obtener beneficios económicos a través de asociaciones de invasores o urbanizadores.
Se denuncia ahora que algo de esto hay también en el anunciado propósito de la Municipalidad Provincial de Arequipa en ceder terrenos de su propiedad donde puedan construir viviendas los muchos que se están inscribiendo ante la oferta hecha por la comuna.
Ha surgido un conflicto entre el alcalde provincial y los alcaldes distritales, cuya consecuencia recae en los postulantes quienes no saben por cuántos lotes y dónde están ubicados, están participando del concurso recién iniciado.
A su turno el Gobierno Regional ha señalado que en la vecina Yura, y con empresarios privados interesados en construir complejos habitacionales, podría ayudar a resolver el problema de los sin casa.
 
Nadie puede ni debe traficar con los terrenos públicos que desean ocupar los que no tienen casa pero sí la posibilidad de obtenerla con el apoyo de entidades financieras privadas o el concurso estatal.
 
La gobernadora ha precisado que no puede dar paso alguno hacia adelante porque no sabe cuáles son los terrenos que la municipalidad ofertará para los que participarán de su concurso. Se habla de unos tres mil lotes, pero todavía no está decidido cuál es el lugar en que se ubicarán y cuáles son las cesiones que puedan hacer los distritos para alcanzar este objetivo en zonas seguras y adecuadas.
En todo caso, el problema realmente existe y todos en el país estamos en la obligación de buscarle solución, pues es derecho humano el tener casa decente, dotada de servicios esenciales y que permita dinamizar el sector construcción alentando el empleo y la adquisición de los materiales de construcción indispensables.
El esclarecimiento que se demanda resulta ser inevitable y debe ser prontamente resuelto por la autoridad comunal, pues está visto que sobre el asunto hay disparidad de opiniones no solamente dentro de la propia comuna, sino también fuera de ella, pues no han sido consultados sobre el tema los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos llamados a opinar y recomendar.

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