TC dejó al voto salida para que los alcaldes distritales retornen a Sedapar

18 de Noviembre de 2017
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El Pueblo

Dos de los magistrados increparon al procurador público del Estado los argumentos para sacar a los burgomaestres.

En manos del Tribunal Constitucional (TC) quedó la posibilidad que los alcaldes distritales retornen como accionistas de la empresa de saneamiento Sedapar. Los magistrados decidirán con sus votos.
Los burgomaestres fueron retirados del accionariado y reemplazados por las autoridades provinciales con el Decreto Legislativo N° 1240. En Arequipa el alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Ejecutivo para que no se aplique.
Ayer, desde Arequipa, Luis Huerta Guerrero, de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional en representación del Poder Ejecutivo, realizó un informe oral donde pidió al TC que declare infundada la demanda de la comuna.
Huerta amparó la decisión del Gobierno, en el Decreto Legislativo Nº 1240 emitido el 26 de setiembre de 2015, artículo 19, que sostiene que las municipalidades provinciales son responsables de las empresas de saneamiento. 
Sostiene que el Ejecutivo busca que “las empresas de saneamiento tengan mayor capacidad para tomar decisiones y puedan llevar a cabo su labor con mayor efectividad”. Increpó que la comuna de Arequipa se ampara para reclamar derechos en una norma ya derogada como es el artículo 19 de la Ley 26338, a través del Decreto 1280, publicado el año pasado.
Además cuestionó que la demanda presentada por la comuna provincial de Arequipa carece de motivación jurídica, razonamiento, argumentación jurídica constitucional. Solo existe fundamento particular y subjetivo de la municipalidad.
El procurador rechazó los argumentos de la comuna de Arequipa, en el sentido que formar parte del accionariado de la empresa de saneamiento sea competencia de los gobiernos locales, o que según la ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades tienen responsabilidad sobre los servicios públicos.
Por su parte, la comuna de Arequipa que recurrió al TC, se ampara en el artículo 19 de la Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338, que data de 1994, donde el texto original establecía que podrían intervenir como accionistas las municipalidades provinciales y distritales.
Considera que el Decreto Legislativo Nº 1240 que utiliza el Ejecutivo para retirarlos de las empresas de saneamiento, contraviene el artículo 195 de la Constitución sobre la competencia de los gobiernos locales, y el artículo 9 inciso 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades que aborda las atribuciones del Concejo Municipal.
 
DISCREPANCIAS
El magistrado Ernesto Blume advirtió de una incompatibilidad, porque si legalmente las municipalidades dirigen el desarrollo urbano y rural de sus locales, y se encargan de los servicios públicos, entre ellas el saneamiento, cuál es la lógica del Ejecutivo de excluirlas. "¿Dónde queda la autonomía política, económica de un país donde su Constitución ordena que seamos un país unitario y descentralizado?", apuntó.
El magistrado Eloy Espinoza Saldaña discrepó la discrecionalidad aplicada por el Congreso para aprobar una ley que dispone atribuciones distintas a las establecidas en la Constitución.
El procurador alegó que el Ejecutivo interpretó que no existe norma que lo obligue a que las municipalidades distritales participen en el accionariado.
 
DATO
Ayer sesionó en Arequipa el TC presidido por Manuel Miranda Canales, e integrado por  los magistrados Marianela Ledesma Narvaes, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Eloy Espinoza Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa.
 
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