Arequipa

Editorial: Lo de Tía María debe terminar

El diferendo entre la empresa Southern Perú y la comunidad de Cocachacra y otros distritos de Islay debe terminar con una intervención decidida y eficaz por parte del Gobierno, que debe ser motivo de un acercamiento y arbitraje entre las partes para no poner en riesgo una inversión de mil 400 millones de dólares, o para no hacerlo por convenir a los intereses del país. Lo que no puede ser es que las cosas se dejen para que se resuelvan solas, a sabiendas de que no existen aspectos que sean superables por otra forma que no sea un entendimiento claro y específico entre las partes.

9 de agosto de 2017
Editorial: Lo de Tía María debe terminar

El diferendo entre la empresa Southern Perú y la comunidad de Cocachacra y otros distritos de Islay debe terminar con una intervención decidida y eficaz por parte del Gobierno, que debe ser motivo de un acercamiento y arbitraje entre las partes para no poner en riesgo una inversión de mil 400 millones de dólares, o para no hacerlo por convenir a los intereses del país.

Lo que no puede ser es que las cosas se dejen para que se resuelvan solas, a sabiendas de que no existen aspectos que sean superables por otra forma que no sea un entendimiento claro y específico entre las partes.

Así como están las cosas, no es posible siquiera imaginar que Southern podrá hacer la inversión en Tía María o que la comunidad no se resista aceptarlo y mucho menos lo permita por una decisión unilateral y hasta abusiva del gobierno de turno.

La verdad es que las mesas de diálogo convocadas y realizadas no han servido para nada bueno, excepto por la determinación de Southern de utilizar las aguas del mar para hacer la explotación minera y de esta manera no restar recursos hídricos, a la alicaída agricultura del valle de Tambo.

Humala prefirió no meterse en el problema y lo mismo está haciendo ahora el gobierno de Kuczynski, mientras los peruanos desesperamos por la inacción que significa no permitir inversiones en el país, extranjeras o nacionales, sino bajo condiciones que no acepten las comunidades.

Igual ocurrió en Conga, en Cajamarca, y el proyecto quedó indefinidamente postergado.

Ha llegado la hora de hablar claro y conseguir lo que el país necesita como recurso económico-fiscal, empleo y mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros. 

La palabra la tiene un gobierno que no puede seguir permitiendo lo que pasa aquí y también en Cajamarca.

 

El gobierno debe animarse a intervenir en forma activa y eficaz, para acercar puntos de vista diferentes de compañías explotadoras mineras y comunidades que las rechazan. 

 

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