Arequipa

Fiscalía investiga a Omar Candia por presunta negociación con invasores

12 de junio de 2018

Burgomaestre habría prometido a dirigentes ayudarlos a detener desalojos iniciados por el Gobierno Regional. Conversación fue grabada y data del 22 de mayo del presente año.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Arequipa inició una investigación de oficio al alcalde de Alto Selva Alegre, Omar Candia Aguilar, por el presunto delito contra la administración pública al aparentemente negociar con invasores.

La autoridad municipal fue grabada cuando conversaba con dirigentes de asociaciones que ocupan terrenos del Estado en zonas de alto riesgo y peligro volcánico ubicados en la parte alta del distrito.

La doctora Miriam Herrera Velarde, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, informó que la fiscal provincial anticorrupción, Marita Cueva Ojeda, evalúa la denuncia por presunto delito contra la administración pública y determinará en tres días el tipo de responsabilidad que podría tener la autoridad, de acuerdo al contenido del audio.

La denuncia refiere que el burgomaestre habría prometido a dirigentes ayudarlos a detener desalojos iniciados por el Gobierno Regional, dicha conversación ocurrió el 22 de mayo y fue grabada por uno de los asistentes, haciendo oídos sordos al pedido del propio burgomaestre.

“Quisiera pedirles algo, no sé si estén grabando, porque al final cualquier grabación nos genera problemas, a ustedes más que a mí. Los antecedentes que yo tengo con ustedes es de amistad, de apoyo. Yo como hijo de provinciano entiendo el clamor de querer tener una vivienda propia”, manifestó Candia.

En el audio se escucha a la autoridad y también candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, que promete interceder a favor de los invasores para que no sean desalojados. Específicamente detener las acciones emprendidas por el Gobierno Regional de Arequipa para recuperar los terrenos ubicados en zona de riesgo.

Al respecto, la fiscal superior expresó su preocupación por la edificación de viviendas en zonas de alto riesgo y recordó que la Fiscalía exhortó en varias ocasiones a los alcaldes para que asuman medidas de reubicación de la población en peligro.

“Se va a evaluar su responsabilidad (de Omar Candia) y cómo es que habría incidido en la ubicación de las personas en esas zonas”, afirmó Herrera, al enfatizar que cada autoridad debe responder por sus actos.

Todas las denuncias que haga cualquier ciudadano serán tomadas de oficio por el Ministerio Público y pasarán a investigación. Los delitos contra la administración pública que involucran a autoridades, están sancionados con entre 2 a 15 años de privación de la libertad.

Por su parte, la procuradora Amparo Vegazo recordó que hace una año la Fiscalía de Prevención del Delito dispuso la autoridad distrital proceda al desalojo de los predios ubicados en zonas de riesgo en Alto Selva Alegre, y no al empadronamiento o reubicación.

Instó a la población a no dejarse engañar. Antes de adquirir o tomar posesión de un terreno deben verificar que esté habilitado dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y que podrá contar con los servicios de agua y desagüe, si no cuenta con esos requisitos mínimos será imposible titularlos.

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