Arequipa

Gerente regional justifica incremento en tramo III Variante de Uchumayo

Los 24 funcionarios, consejeros y residente de obra implicados en el informe de la Contraloría General de la República que descubre irregularidades en la ejecución de las obras del Tramo III de la Variante de Uchumayo deberán sustentar con argumentos y pruebas las acciones que ejecutaron y que hoy los envuelve en procesos administrativos, civiles o penales.

13 de julio de 2018

Los 24 funcionarios, consejeros y residente de obra implicados en el informe de la Contraloría General de la República que descubre irregularidades en la ejecución de las obras del Tramo III de la Variante de Uchumayo deberán sustentar con argumentos y pruebas las acciones que ejecutaron y que hoy los envuelve en procesos administrativos, civiles o penales.

Uno de ellos, es el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, José Luis Rodríguez Silva, quien aseguró que el incremento del presupuesto en las obras está debidamente justificado, sin embargo reconoció que podría existir alguna irregularidad que deberá ser aclarada en los procesos que se inicien.

“En principio lo que se tiene que señalar es que los expedientes tienen una vigencia de seis meses, el expediente se actualiza en cuanto a precios y costos, conforme la norma lo establece”, aseguró.

En el caso del tramo III de la Variante el expediente fue aprobado en el 2013 y el proceso de selección se hizo en el segundo semestre de 2015.

“Estamos hablando de cuatro actualizaciones que debieron ejecutarse en ese tiempo. Los 10 millones están en evaluación y cada funcionario lo sustentará técnicamente. A priori señaló que la actualización realizada es justificada, si algún monto no es real se tendrá que demostrar en el proceso respectivo y de ser el caso aplicar las sanciones a los funcionarios implicados”, refirió.

En el informe de Contraloría, Rodríguez es encontrado responsable en el encargo del proceso de selección a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sin antes tener el terreno para la ejecución de la obra. Asegura que no hubo dolo en la decisión, pues se tomó de acuerdo a lo que permitía la Ley de Contrataciones del Estado.

“Para efectos de garantizar los recursos que se transfirieron en el segundo semestre de 2015 es que se estableció encargar el proceso de selección a la OIM, porque no sabíamos si ese dinero iba a ser revertido al Gobierno central si no era ejecutado”, explica.

Lo que buscaban era un proceso más ágil que le permita tener al postor de la obra. Con la OIM la convocatoria y buena pro se hizo en 22 días hábiles, mientras que si se hacía en los plazos de selección normal esta adjudicación podría demorar dos meses y medio.

“Ahora no es tan cierto lo que dice la Contraloría que la obra se hizo sin tener el terreno. La ley permite iniciar los trabajos con una parte de los terrenos para la ejecución y nosotros teníamos lo que era la vía antes de su ejecución. Además que los procesos de expropiación se iniciaron en el primer semestre de 2015, antes de la licitación”, refirió.

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