Judiciales

Asesor de Cáceres Llica enfrenta proceso iniciado en la Fiscalía

30 de octubre de 2019

Cuando Edgard Alarcón Tejada asumió el cargo como asesor del Gobierno Regional de Arequipa, informó que tenía tres investigaciones legales en curso, luego de haber ocupado el cargo de contralor general de la República, pero que dijo no tenían ningún fundamento válido para señalar era culpable, entre ellas la compra y venta de terrenos en Camaná o la compra de varios vehículos. Pero no dijo nada del pago de una supuesta coima.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que en un plazo de 10 días, el Ministerio Público formalice investigación preparatoria contra el excontralor, además de tres excongresistas, a quienes se les investiga por los delitos de cohecho pasivo propio e impropio, además de tráfico de influencias.

El tema no sería tan sencillo, ya que incluso la Fiscalía habla de una “red criminal”, que estaría integrada por empresarios que pagaban coimas a alcaldes del norte del país con el objetivo de direccionar algunos procesos para ser favorecidos con la ejecución de obras públicas.

Uno de estos exalcaldes, habría sido David Cornejo de Chiclayo, quien se encuentra detenido junto con algunos funcionarios de confianza y que formarían parte de la banda “Los temerarios del crimen”.

Este exalcalde, según las investigaciones, habría entregado 30 mil soles a Alarcón Tejada, para que lo ayudara en un caso que tenía con la Contraloría en Chiclayo, en una reunión que fue pactada por el congresista Javier Velásquez Quesquén.

Lo que se buscaba era el desbloqueo de las cuentas del municipio, inmovilizadas por pedido de la Contraloría, por supuestos malos manejos.

El funcionario de confianza de Cáceres Llica, indicó que al igual que los demás procesos, estaba confiado en que no avanzaría, porque no había fundamento para que se señale que él había pedido o recibido dinero.

Aceptó que hubo reunión, pero dijo que no estuvieron solos, sino que había otros funcionarios en el lugar, tanto de la Contraloría como del municipio. Además afirmó que el desbloqueo de cuentas sí se realizó, pero de manera regular.

NUEVOS FUNCIONARIOS
Mientras tanto, los nuevos funcionarios regionales asumieron sus cargos en las gerencias de Trabajo, Educación, Vivienda, Administración y Autodema, y por lo menos dos de ellos, habrían tenido denuncias por cargos ocupados anteriormente.

En el caso del nuevo gerente de Trabajo, el abogado José Luis Carpio Quintana, ya ejerció el cargo anteriormente y se le cuestionó por haber contratado de manera irregular a quien fuera testigo de su matrimonio para que ocupe el cargo de inspector. Además, en anterior gestión, fue denunciado por presunto patrocinio ilegal, porque habría demandado al Estado, cuando él era funcionario público.

DATO
En la gerencia de Administración se nombró al economista Miguel Velásquez Condori y se le cuestiona por haber estado comprometido en la adquisición ilegal de más de 2500 bolsas de cemento para una obra que se ejecutó en Caylloma.

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