Judiciales

Audiencias en el Poder Judicial se desarrollarán desde el 17 de julio

27 de mayo de 2020
Todavía en julio reiniciarán audiencia. Casos urgente se ven por videollamada.

Adecuaciones se realizan de forma interna para cumplir protocolos de salud en prevención de los contagios de COVID-19.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial notificó a la Corte Superior de Justicia de Arequipa que las audiencias penales y no penales deberán iniciar el 17 de julio, y desarrollarse preferentemente de modo remoto y excepcionalmente de forma presencial.

Se ha determinado que la suspensión de las labores del Poder Judicial, así como los plazos procesales y administrativos será hasta el próximo 30 de junio. Garantizándose el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos en el periodo de emergencia. Los jueces y personal auxiliar designados en los órganos de emergencia, no deben pertenecer a la población vulnerable al COVID-19.

A partir del 17 de junio, y durante 15 días, se realizarán las tareas internas de adecuación institucional para garantizar que el retorno a las labores presenciales cumpla con las normas y protocolos de salud. Que en el caso de la Corte de Arequipa están adelantadas con la implementación de lavaderos de manos, instalación de pediluvios, entre otras medidas preventivas.  

A partir del 1 de julio, los órganos jurisdiccionales deberán programar las audiencias penales y no penales que deberán iniciar desde el 17 de julio, y desarrollarse, preferentemente de modo remoto y excepcionalmente presencial.

El Consejo Ejecutivo ha dispuesto que, en aquellos procesos cuyos plazos de prisión preventiva estén por vencer, se priorice la realización de los juicios orales, debiéndose programar las audiencias respectivas de manera inmediata.

MUESTRAS

Como parte de las previsiones para un retorno a las labores presenciales que garantice la integridad sanitaria de nuestra  gente y público usuario, la Presidencia del Poder Judicial, en coordinación con la Gerencia General,  gestiona ante la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud la aplicación de pruebas de descarte COVID-19 a jueces y personal de este poder público cuyas labores han sido identificadas como de alto  o mediano riesgo, como condición previa a su reincorporación al trabajo presencial jurisdiccional, administrativo o de apoyo.

Durante el estado de emergencia nacional han fallecido ocho, de las más de 30 mil personas que integran el Poder Judicial.

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