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Contralor General presentó resultados de auditoría a la Cuenta General de la República 2018

11 de septiembre de 2019

La Contraloría General presentó los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República correspondiente al año 2018, emitiendo por sexto año consecutivo un dictamen “con opinión calificada o con salvedades” para el caso de los Estados Financieros y los Estados Presupuestarios integrados en la Cuenta General de la República, debido a errores y/o limitaciones que se identificaron en algunas cuentas de entidades públicas de los cinco niveles de gobierno y empresas del Estado. Asimismo, informó que se auditaron los Estados de la Deuda y de Tesorería, los mismos que tuvieron una opinión sin salvedades.

Así lo manifestó el contralor general Nelson Shack Yalta durante la presentación del Informe de Auditoría a la Cuenta General de la República, ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso, de acuerdo al mandato establecido en el artículo 22° de la Constitución Política.

Los Estados Financieros están referidos a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en aspectos tales como obras de infraestructura, regularización de pensiones, incremento de la deuda pública, gastos en planillas, inversiones, etc, mientras que los Estados Presupuestarios se refieren a la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

El Informe de Auditoría Financiera N° 1773-2019-CG/ECO toma en cuenta los resultados obtenidos en la recopilación de información proporcionada por 2,472 entidades integradas en el 2018. Del total, el 11% de entidades (262) corresponden al Gobierno Nacional, el 1% (32) a Gobiernos Regionales, el 82% (2,048) a Gobiernos Locales, el 6% (157) a empresas del Estado y otras cinco formas organizativas que administren recursos públicos.

En el caso de los Estados Financieros, no se ha obtenido evidencia suficiente y apropiada de diversas cuentas del activo de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, por limitaciones relacionadas con la falta de soporte documentario en activos fijos, proceso de revaluación de activos fijos, diferencias de conciliación no aclaradas y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal.

Mientras que algunos activos fijos registrados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, se encuentran sobreestimados principalmente por haber transferido dichos activos a las entidades beneficiarias o por aquellos activos en estado de inoperatividad.

Otro hallazgo es que diversas cuentas del activo se encuentran subestimadas al no haberse registrado los activos concesionados y otras operaciones en los estados financieros.

Asimismo, los Estados de Situación Financiera y Estado de Gestión Consolidados presentan saldos por cuentas recíprocas no eliminadas en el proceso de consolidación, debido a la falta de sinceramiento de las cuentas entre entidades vinculadas.

RECOMENDACIONES
El informe recomienda al Ministro de Economía y Finanzas para que disponga que el Viceministro de Hacienda promueva una reunión de trabajo entre la Dirección General de Contabilidad Pública y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), a fin de establecer la información presupuestaria que se requiere de las empresas del Estado para la presentación integral de las partidas de ingresos y gastos, en el proceso de integración a la Cuenta General de la República, adecuando la normativa vigente.

Otra recomendación es disponer que la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, responsable de la formulación y elaboración de la Cuenta General, regule a través de los mecanismos que correspondan, la uniformización de criterios para el registro y reconocimiento de los fideicomisos que constituye el Estado a través de sus entidades y empresas, así como, el registro de los ingresos y gastos que el Estado realice al operar este instrumento financiero.

Además se sugiere disponer que el FONAFE regule, a través de los mecanismos que correspondan, los criterios para el registro y reconocimiento de los Saldos de Balance de las empresas públicas bajo su ámbito, con la finalidad de revelarlos correctamente en la Cuenta General de la República.

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