Arequipa

Defensoría: Se está institucionalizando la incapacidad de gestión pública

28 de noviembre de 2020

El representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, señaló: “Se está institucionalizando una permanente incapacidad pública en la región Arequipa, lo que no es un juego, porque se está poniendo en riesgo la vida de las personas”.

Las declaraciones las ofreció luego de hacer una inspección a los ambientes del hospital Honorio Delgado, donde certificó las denuncias del personal, respecto a que la mayoría de ambientes se encuentran cerrados porque no se han culminado las obras que ejecuta desde hace varios meses el Gobierno Regional de Arequipa.

“No hay personal capaz para solucionar los problemas que se han presentado, se mantienen impagos a los proveedores por eso no terminan las obras, no se paga al personal que arriesgó sus vidas atendiendo en pandemia, mientras miles de personas enfermas, vulnerables, no tienen dónde atenderse”, añadió.

En este hospital regional, a diario se atendían un promedio de 700 personas por diversas dolencias a través de los consultorios externos, que en estos momentos han quedado en el desamparo, sin ninguna alternativa luego del cierre por pandemia, porque el hospital Pedro P. Díaz, donde se ha invertido más de 2 millones en su remodelación, tampoco está funcionando.

“Se tomó una pésima decisión en remodelar ambientes del hospital en plena pandemia, trabajos que debieron durar no más de dos meses; sin embargo, aún no se culminan y por ello, es que cuando llegó la crisis con la pandemia, no había donde atender a los pacientes, que estuvieron en la calle y en carpas por horas y eso es una completa negligencia, que, si se continúa de la misma manera, volveremos a tener el mismo problema”, indicó.

Manrique Linares se entrevistó con el Gerente de Salud, Cristian Nova, quien le prometió que estará haciendo las coordinaciones con funcionarios del Gobierno Regional para que entreguen el cronograma de cuándo se terminan los trabajos, como se viene exigiendo. También exhortó al Ministerio Público a hacer las investigaciones del caso y las acciones que correspondan.

Respecto al proceder del gobernador regional, Elmer Cáceres, quien fuera sancionado por el juez Luis Madariaga por no haber implementado los protocolos de la COVID-19, dijo que todo acto judicial tiene una motivación y un sustento y si las personas consideran que fue afectado, tiene el derecho de la impugnación, pero de ninguna manera a generar insultos ni agravios que puedan generar violencia.

Compartir

Leer comentarios