Columna

Derechos en emergencia

26 de abril de 2020
Todos protegidos con mascarillas reciben atentos las lecciones.

Por Carlos J. Ylla Quenaya

«El estado de excepción se presenta como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo.»

Giorgio Agamben

El Perú, al igual que otros países del mundo, se encuentra en estado de emergencia. Nuestro gobierno adoptó esta medida el 16 de marzo y, conforme fueron pasando los días, se hizo más restrictiva. Actualmente, la inmovilización obligatoria (un eufemismo de toque de queda) inicia a las 18 horas y culmina a las 6 de la mañana del día siguiente, con particularidades en algunas ciudades del norte de nuestro país. Esta disposición excepcional, que suspende libertades y derechos, tiene como objetivo evitar la propagación del virus COVID-19. Sin embargo, se han suscitado casos de abuso de autoridad; por ejemplo, la denuncia de la familia de un soldado en contra del ejército por el presunto delito de secuestro y tortura. Un caso que nos invita a pensar sobre la tortura y nos pone alertas para exigir la protección de los derechos fundamentales en medio de un estado de emergencia.

Un estado de emergencia es una medida tomada como parte de una situación excepcional y se encuentra amparada en el artículo 137 de nuestra constitución. Como consecuencia, se restringen derechos relativos a la libertad y las seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. No obstante, existen derechos que no se pueden suspender como el derecho a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura.

El día 16 de abril, la familia de Brian Mesías Macharé, un soldado que se integró al ejército voluntariamente en enero de este año, denunció su desaparición. Vecinos de la comunidad de Siberia en el Callao declararon haberlo visto escapando de militares y que cuando lo atraparon, subieron al muchacho a golpes a una camioneta del ejército. A pesar de estos indicios, el ejército manifestó mediante un comunicado que Brian había desertado, por lo tanto, desconocían su ubicación. Una semana después, la familia encontró a Brian deambulando desorientado por otro distrito limeño, se encontraba con golpes y aparentemente dopado. Sin embargo, días después, en el certificado que emitió el Instituto de Medicina Legal se consigna que no presentaba ningún tipo de lesión, a pesar de que estas fueron apreciadas a simple vista en el cuerpo de Brian y en los videos que la familia mostró a la prensa. El ejército ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad en el caso; mientras tanto, la familia denuncia el secuestro y tortura del soldado. A esto se suma que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha solicitado la investigación con carácter de urgencia al Ministerio de Justicia.

A esta denuncia, se han añadido otras de soldados maltratados dentro de esta institución. Mi interés radica en la significación de la tortura. En tiempos de guerra, la tortura ha sido parte del accionar de quienes la disputan. Es un mecanismo que se utiliza para doblegar al sujeto “enemigo” y que, mediante este, revele información de importancia. La violencia va destinada al cuerpo y a la mente del individuo, busca degradarlo y deshumanizarlo. Una cuestión presente aquí, es que la tortura no ha sido dirigida hacia el “enemigo”, como dirían en tiempos bélicos, sino contra un miembro de la misma institución. Foucault, filósofo francés, en su libro “Vigilar y castigar” se interesa por el tema y da cuenta de cómo la tortura pasa de ser un espectáculo público en el siglo XVIII que tiene como fin servir de ejemplo a la población sobre cuál es el destino de quienes cometen crímenes, para posteriormente ser una actividad privada, es decir, que se realiza dentro de toda una arquitectura cerrada.

Entonces, ¿qué busca la tortura dentro de instituciones como el ejército? Debo decir que sigue tomando la forma de la ejemplaridad, sin embargo, el destinatario es distinto. La tortura aquí busca advertir sobre el castigo que tendrá cualquier comportamiento que no concuerde con los intereses de esta institución. La jerarquía juega un rol fundamental en estos espacios. El castigo a un soldado es a su vez una amenaza hacia los otros. Esto, a mi parecer, trae como resultado dos conductas por parte de los individuos; por un lado, están quienes lo rechazan e intentan huir de estos espacios y, por otro lado, quienes admiran el castigo y lo consideran incluso necesario en la formación de las personas. No es casualidad, escuchar constantemente de abusos dentro de estas instituciones y que haya quienes se limiten a decir: “Así es ahí, si no te gusta no entres” o “Para que te metes si no vas aguantar”. Cabe recordar que ninguna institución del estado tiene como parte de su régimen disciplinario a la tortura o al uso de la violencia. Y lo más importante, que antes de las instituciones están los derechos fundamentales de cada ser humano. Recordar los acontecimientos sufridos en la época de la violencia política en nuestro país nos deja lecciones y sobretodo la seguridad de que jamás deben repetirse.   

El caso de Brian Mesías debe servir para poner en debate el respeto a los derechos humanos dentro de estas instituciones, ya que, al parecer, el hermetismo de las mismas hace que su terreno sea un campo impenetrable, ajeno a la sociedad, en donde no manda la ley que nos ampara a todos, sino que son ellos quienes deciden que está bien o mal y el individuo tan solo es un sujeto pasivo y cosificado que está para cumplir órdenes. Es importante evitar que un estado de emergencia que se impone para protegernos, sirva a su vez para dar carta abierta a la vulneración de nuestros derechos. No olvidemos que un estado de excepcionalidad tiene su justificación, como su nombre lo indica, en situaciones especiales, lo que quiere decir que jamás debe ser permanente.

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