Editorial

Editorial: Evaluación de la Corte

Por elpueblo / 24 de agosto 2018

Por decisión del Organismo Ejecutivo del Poder Judicial y como parte del estado de emergencia en que se ha declarado, dos magistrados supremos, permanecen desde ayer y hasta hoy en Arequipa, atendiendo denuncias y vigilando la marcha de la Corte Superior de Justicia.

Existen pocas posibilidades de que la consecuencia de tal presencia signifique sustantivos cambios en el quehacer de los magistrados arequipeños que trabajan en la administración de justicia por el tiempo del que están disponiendo y ante la complejidad de los problemas de un poder del Estado que se han derivado de denuncias y de audios.

Felizmente para quienes son usuarios de la Corte Superior de Justicia, aquí no hay denuncias de intromisión política ni de la existencia de mafias organizadas que actuaron, por ejemplo, en el Callao e incluso afectando a magistrados supremos que obligaron a renuncias y también a detenciones en trámite o efectivas al comprobarse actos ilícitos.

Todo temblor tiene réplicas y Arequipa no escapa de que algunas de ellas se extiendan a nivel nacional y se confundan con el interés de abogados y litigantes que cuestionen fallos producidos en todas las instancias y que se suponen deberían ser objeto de la atención de los supremos que están en la ciudad.

Se recuerda que el deseo del presidente del Poder Judicial que sucedió al doctor Duberlí Rodríguez, era que el estado de emergencia tuviera una vigencia mayor en tiempo, pero la decisión fue reducirlo a diez días, que podrían estimarse como insuficientes para revisar lo cuestionable y devolver confianza a la ciudadanía.

En todo caso, los jueces han tenido una reacción rápida y oportuna a diferencia de los comentarios que se hacen sobre el Ministerio Público y que solo contribuye a una crítica al sistema de justicia en general, empeñado por las revelaciones de los audios y las demandas del Ejecutivo de autolimpieza.

El estado de emergencia en el Poder Judicial debe tener como lógica consecuencia la recuperación de confianza ciudadana en los jueces y vocales que en el caso de Arequipa, no han sido objeto de denuncias que comprueben que hasta aquí llegaron los males del Callao y de Lima.

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