Editorial

Editorial: La fiscalización de la ciudadanía

Por elpueblo / 23 de julio 2018

Es evidente que los organismos de control de la Magistratura no han sido todo lo bueno y eficientes como se desearía para no llegar al extremo de la crisis del sistema judicial peruano que conviene una reforma que permita el conocimiento colectivo de la forma cómo trabajan los jueces.

No estamos sugiriendo una intervención indebida en los procesos, pero sí a vigilancia en la rapidez y en la eficiencia de quienes están llamados a administrar justicia y lo hacen tardíamente como le consta a todo litigante que tiene asunto por resolver en la Magistratura.

Hasta ahora la única información colectiva que se tiene sobre el trabajo de las Salas, Cortes Superiores, son las crónicas judiciales que se publican en los diarios encargados de los avisos de la especialidad en todas las provincias de la República.

Si queremos referirnos al específico de Arequipa y como consta en el periódico encargado de la publicación de avisos judiciales y de la crónica correspondiente, se podrá apreciar que se dan cuenta del quehacer de los magistrados, seis u ochos meses después de producidos los respectivos informes de la propia Corte, oportunidad que se debería advertir cuando es posible referirse a la antigüedad en los procesos y a la lentitud que se advierte.

Para nadie es un secreto que hay procesos que duran décadas y hasta se ha detectado alguno con más de un siglo de antigüedad, es eso lo que tiene que verse ahora y no solamente la equivocada dirección de algunos magistrados han dado a los procesos a su cargo.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administra el dinero, que no es poco, que se entrega para el pago de los magistrados de todo el país, y la idea de la Defensoría del Pueblo hecha desde Arequipa, por su representante regional, invita a pensar seriamente en la necesidad de ejercer una fiscalización que en primer lugar deben hacerla los propios abogados, a través de sus colegios profesionales para colaborar en que la justicia sea real y válida para los litigantes.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se invierten los recursos, en los sueldos de magistrados y jueces y con qué celeridad se tratan los procesos que les están confiando.

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