Educación

Tres denuncias por discriminación recibió Defensoría del Pueblo

24 de agosto de 2018

Tres denuncias por discriminación fueron presentadas ante la Defensoría del Pueblo por ciudadanos venezolanos, a quienes en diversas instituciones educativas les habían negado la matrícula a los menores de edad.

Ángel María Manrique, representante del defensor del Pueblo en Arequipa, indicó que tuvieron que interponer sus buenos oficios ante las instituciones para que puedan matricular a los niños y recomendar a los directores la no discriminación.

“Los derechos humanos son universales y todos tienen que respetarlos, independientemente de la raza, religión, del origen o su nacionalidad y en el caso de los niños, así no cuenten con los documentos, deben permitirles el acceso a la educación y luego podrán regularizar la documentación”, añadió.

Llamó a la reflexión a la ciudadanía en general, para evitar seguir difundiendo mensajes contra los vecinos venezolanos o sobre hechos negativos que algunos puedan estar cometiendo, de lo contrario se estará generalizando la violencia y pueden tener consecuencias mayores, como las que se ha visto en otros países.

“Es necesario implantar una cultura de paz y ser un poco más tolerantes con las necesidades de los demás. Acordémonos que ellos no están por propia voluntad en el país, sino por una necesidad extrema de no tener siquiera con qué alimentarse, y no todos los que han ingresado al país son gente negativa”, dijo.

Por otro lado, Manrique se reunió ayer con la comisión del Poder Judicial que llegó de la ciudad de Lima, para ver la problemática de esta institución en Arequipa. Según dijo en la entrevista sostenida con el juez supremo Héctor Lama More, se resaltó el tema de los jueces supernumerarios, los que siguen administrando justicia, a pesar que los casos más sonados o con cuestionamientos han estado a su cargo.

También indicó que el Poder Judicial es la quinta institución más quejada en la Defensoría, y los temas son por la demora en los procesos, gran parte de ellos por la excesiva carga que se tiene, entre ellos sobre casos laborales, violencia familiar, alimentos, y otros.

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