Arequipa

El autor y los derechos de autor

21 de julio de 2019

La función creadora del escritor fue reconocida en el siglo XVIII, como el derecho del autor al copyright. Fue un antecedente de la propiedad intelectual del autor.

Por Mario Rommel Arce Espinoza

Es increíble que doscientos años después de la invención de la imprenta en el siglo XV todavía no se haya definido los derechos de autor. Como dice el historiador británico Ewan Clayton en su libro “La historia de la escritura” (Ediciones Siruela, 2015) la controversia era saber si el librero, el impresor o el autor tenían derechos sobre un texto.

Antes de la invención de la imprenta era común que cualquiera que ubicara un libro lo reproduzca como si fuera suyo, sin ningún reparo por los derechos de autor. El plagio, en consecuencia, era una práctica muy común en aquella época. Se glosaban textos de otros libros y autores como si fueran propios, omitiendo citar la fuente. Como no existía una legislación al respecto, se actuaba con total impunidad. Es cierto que para entonces ya existía la nota al pie, desde el siglo XII, aproximadamente, que ponía de manifiesto la erudición del autor. Sin embargo, no era una práctica muy extendida, de modo que el autor final era quien revestía a la obra de autoridad, de ahí la relación con la palabra autor. Lo que escribía era aceptado como suyo, así hubiera tomado citas textuales de otros autores sin mencionarlas.

Por otro lado, el autor vivía a expensas del mecenazgo, quiere decir que no buscaba un beneficio económico. “La recompensa del autor (dice Clayton) venía del regalo de un mecenas cuyo círculo artístico el autor honraba, no de la venta de libros”. Recién con la invención de la imprenta aparece la industria editorial propiamente dicha, y también la posibilidad de que el autor pueda vivir de su trabajo de escritor.

Etimológicamente autor es el que hace la obra, forma parte de una trilogía formada por el impresor y el vendedor. Este círculo del libro: “autor-impresor-vendedor” implicó la participación de un capitalista que asuma los costos de impresión. En esta instancia, el trabajo requería contar con el taller de impresión, compra de papel y material para la encuadernación del libro. En cuanto al vendedor, el libro más rentable era aquel que se vendía, el librero no reparaba necesariamente en la calidad de la obra, si se vendía era suficiente razón para comprarlo.

En el pie de imprenta, o en el colofón se aprecia el nombre del taller donde se publicó el libro, también podía tratarse de una persona, a cuyas expensas se debió la publicación. Estos son los aspectos internos del libro, lo que se conoce también como el texto, el peritexto y el epitexto, que son las características del libro, dentro y fuera de él.

El peritexto responde al criterio editorial del libro, al trabajo del editor. Por ejemplo: si exhibe ilustraciones o lleva epígrafes, prefacios, epílogos, etcétera. En cambio, el epitexto concierne más a la discusión autoral y editorial en los medios escritos, radiales o televisivos, por medio de entrevistas, reseñas y cualquier otro tipo de opinión.

El libro físico es el resultado final de un trabajo del cual forma parte el autor, como hacedor del texto. El libro es el objeto, el autor escribe textos, ejerce una labor creativa para producir poesía, cuento y narrativa. El autor investiga para producir monografías. El autor desarrolla ideas en sus libros.

Es un trabajo intelectual que ha requerido contar con una legislación especial que protegiera los derechos de autor.

Sin embargo, el autor como paso previo para poder publicar su obra necesitaba de la licencia eclesiástica para certificar que el libro no estaba prohibido. En cambio, los libros prohibidos figuraron en un catálogo de obras tildadas de heterodoxas. Fue a pedido del Concilio de Trento que, en 1564, el Papa Pío IV creó el “Index Librorum Prohibitorum”.

La costumbre de condenar las obras estimadas de perniciosas se remonta al Concilio de Nicea (325) que prohibió las obras de Arrio y de Orígenes. Como refiere el historiador del derecho Carlos Ramos Núñez, en su libro “Justicia profana: el jurado de imprenta en el Perú” (Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2018), “la propia Universidad de París concedió a sus doctores la competencia de la censura durante 200 años”. Más adelante, se siguieron publicando nuevas ediciones del Índice hasta 1948. Recién en 1965, dejó de tener valor jurídico, cuando fue suprimido por el Papa Pablo VI. A partir de entonces, cada católico, en conciencia, debía de abstenerse de leer aquellos libros que pusieran en peligro su fe.

La censura eclesiástica recayó sobre los libros considerados heréticos en materia religiosa, mientras que la censura laica, ejercida por el Estado, operó sobre los libros que postulaban ideas contrarios al orden establecido.
La Enciclopedia francesa de Diderot y D’Alembert fue censurada por el Papa Clemente XIII, y también fue incluida en el Índice. El famoso “Diccionario razonado de las artes y oficios” (publicado desde 1751) fue una obra colectiva de casi doscientos colaboradores, que colocó la razón por encima de la fe. Comenzó un proceso de secularización en el uso de varios conceptos. Por ejemplo: se preguntaron cuál era el significado de la palabra nada: “¿Qué precedió a la creación del mundo? ¿Qué ocupaba su lugar? Nada”. Y agregó: “Resulta más fácil representarse una materia eterna”. También tuvo un sentido crítico: ¿Es creíble el “Arca de Noé”? ¿No es sorprendente que, en el Génesis, Dios cree la luz el primer día, y luego el Sol?

El historiador belga Raymond Trousson en su libro “Diderot. Una biografía intelectual” (Acantilado, 2011) sostiene que la Enciclopedia representó el nuevo humanismo. En opinión de los ilustrados franceses, Dios ya no sería el fin supremo de las cosas.

Entre los autores que formaron parte del Índice estuvieron Maquiavelo, Lutero, Erasmo, el astrónomo Copérnico, el sabio Galileo, y otros más.
En el Virreinato del Perú, durante la época colonial, la Inquisición fue la encargada de perseguir a las personas que leían libros prohibidos. Ese fue el caso del clérigo arequipeño Francisco Javier de Luna Pizarro. El gran tradicionista Ricardo Palma en los “Anales de la Inquisición de Lima” (Madrid, 1897), dijo de Luna Pizarro que fue denunciado en Lima, en 1807, por prestar libros prohibidos.

La Constitución de Cádiz de 1812 finalizó la Inquisición, pero fue restaurada con el regreso al poder de Fernando VII en 1814. En el Perú fue suprimida definitivamente en 1820, en pleno proceso emancipador.
A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el autor en vida percibía las regalías de su obra, y sus herederos hasta 40 años después de su muerte. Solo entonces la obra quedaba liberada. Estos derechos fueron reconocidos por la Convención de Berna de 1886. A la cual se agregaron varios países que, en 1952, se integraron en la Convención Universal de los Derechos de Autor bajo el patrocinio de la UNESCO.

Roger Chartier en su obra “El orden de los libros” (Editorial Gedisa, 2017) sostiene que paradójicamente el autor fue olvidado en la historia del libro. Esta línea de investigación en sus inicios fue tratada por los historiadores franceses Lucien Febvre y Henri-Jean Martin. Ambos autores se ocuparon fundamentalmente de analizar la relación del libro y los lectores, desde una perspectiva semiótica. Aunque también se ocuparon de los autores y del derecho autor, sin embargo, hubo una mayor incidencia en el libro como mercancía, trató también del comercio del libro.

Chartier dice al respecto que en la tradición de la historia social de lo impreso tal como ha sido desarrollada en Francia, “los libros tienen lectores pero no tienen autores o, más exactamente, éstos no entran en su ámbito de competencia”. Y agrega: “Pertenecen con propiedad a la historia literaria y a sus géneros clásicos: la biografía, el estudio de una escuela o de una corriente, la descripción de un medio intelectual”. Sin embargo, el propio Chartier advierte que en los últimos años se ha observado el regreso del autor, como objeto de estudio. De ahí que historiadores como Chartier y Clayton hayan incorporado al autor en sus estudios sobre la historia del libro.

En “La historia de la escritura”, Ewan Clayton cuenta que, a mediados del siglo XVIII, en Gran Bretaña hubo tres personajes con apariencia de autores: el gacetillero, que escribe para vivir, por lo general en periódicos y revistas surgidos en Londres; el hombre de letras, para quien escribir era una ocupación liberal, al mismo tiempo que trabajaba como empleado del gobierno; el tercero era el escritor como fuerza creativa y original. Este último en particular fue el autor que producía textos propios, fruto de su esfuerzo intelectual, y como tal era el propietario de su obra.

A raíz de un incidente judicial en los tribunales de Londres, William Blackstone (1723 – 1780), profesor en la Universidad de Oxford, arguyó a favor de la originalidad del autor. Basándose en las ideas del filósofo John Locke, sostuvo que la función creadora del autor le otorgaba el derecho de propiedad sobre su obra. “La originalidad de una obra escrita, pensaba Blackstone, citado por Clayton, la convertía en sujeto de invención, y además había trabajo en su composición”. Esta postura llegó a ser debatida en la Cámara de los Lores, hasta que finalmente se reconoció el derecho del autor al copyright. Los autores, por tanto, tenían la propiedad de su obra, pero por un tiempo determinado, ya que después pasaría al dominio público.

Actualmente, el derecho de autor es reconocido por la legislación internacional. Ha sido también objeto de desarrollo constitucional con el paso de los años, hasta garantizar el registro de la propiedad intelectual en organismos del Estado, como el Indecopi en el caso del Perú.

 

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