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El Estado peruano se defenderá ante demanda presentada por Odebrecht

6 de febrero de 2020

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución arbitral afiliada al Banco Mundial con sede en Washington, D.C., registró el 4 de febrero una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecht Latinvest S.a.r.l., una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la empresa brasileira Odebrecht S.A, en contra de la República del Perú bajo el Caso No. ARB/20/04.

Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$ 1 200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Odebrecht argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.

El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.

Otras medidas que adoptó el Gobierno y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria están relacionadas con las leyes anticorrupción que fueron adoptadas desde febrero de 2017. El grupo empresarial argumenta en su solicitud de arbitraje que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.

“El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias. El Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales”, informó el gobierno a través de Andina.

Se debe recordar que el Estado obtuvo fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$ 50 mil millones, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y Tratados de Inversión. Adicionalmente, como resultado de tales procesos ha recuperado aproximadamente US$ 110 millones.

El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI, cuyo coordinador es el Ministerio de Economía y Finanzas, se hará cargo de la controversia.

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