Arequipa

El mal accionar de las autoridades no se detuvo pese a la pandemia

23 de agosto de 2020

La corrupción en tiempos de COVID-19.

La pandemia del coronavirus no frenó el mal accionar de algunas autoridades y funcionarios públicos en la región Arequipa y el país en general. Es así que, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria por esa enfermedad, la Contraloría General emitió cerca de 7500 informes de control simultáneo a nivel nacional, de los cuales unos 400 corresponden a Arequipa. Documentos revelan deficiencias en la entrega de víveres, en hospitales, municipios, comisarías, penales y otros.

“El control en tiempos de COVID-19”, es un Informe de gestión del control gubernamental que recientemente presentó la Contraloría General de la República en el marco de los 100 días de la emergencia sanitaria por COVID-19, labor de control por encargo normativo y desplegado en todo el país, con la emisión de cerca de 7500 informes de control simultáneo, de los cuales alrededor de 400 corresponden a Arequipa.

La Gerencia Regional de Control de Arequipa emitió informes vinculados al coronavirus desde el 12 de marzo, sobre las condiciones en la que estaban los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, y advirtió que no estaban preparados para atender casos de este virus y recomendó adoptar las medidas necesarias.

Es así que desde el 12 de marzo al 14 de julio de 2020, la Contraloría General emitió y publicó un total de 394 informes de control simultáneo en Arequipa, sobre temas vinculados a la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19. Las entidades fiscalizadas son el Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras, municipalidades provinciales y distritales, hospitales, comisarías, penales, entre otras.

Diversos informes sobre la capacidad de respuesta de hospitales, obras de ampliación y mejoramiento de los nosocomios, adquisiciones directas de bienes y servicios, de equipos biomédicos e implementos de bioseguridad para el personal de salud, construcción del cementerio Culebrillas, Centro de Aislamiento Cerro Juli, entre otros, se encuentran publicados en el portal institucional de la Contraloría (www.contraloria.gob.pe).

Asimismo, se emitieron informes sobre la entrega de canastas a la población vulnerables, de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, adecuación de ambientes para el retorno de servidores públicos al trabajo presencial, realización de ferias itinerantes, entre otros documentos vinculados a los gobiernos locales.

Contraloría también intervino en 14 comisarías, al igual que en el penal de varones de Socabaya, con la finalidad de identificar la existencia de planes de contingencia para evitar o disminuir contagios del personal policial, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), así como los internos.

Cabe indicar que ante la pandemia de la COVID-19, le fue asignado a la región Arequipa un presupuesto de S/198 millones 182 mil 512 en los distintos niveles de gobierno, para la atención e implementación de medidas y planes de contingencia, principalmente a lo relacionado al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud, y a mitigar los efectos sociales para las poblaciones vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria. Al 14 de julio tenía un avance de ejecución del 84 %.

A NIVEL NACIONAL

Como parte de la estrategia de la CGR, se programó inicialmente la ejecución de servicios de control, que generarían la emisión de un mínimo de 4,527 informes de control. Esta cifra ya ha sido largamente superada en los 100 primeros días de control en la emergencia, sumando a la fecha 7,482 informes notificados y publicados.

La Contraloría supervisa el buen uso de los fondos públicos, que en emergencia son prioritarios y necesarios, y no se escatima esfuerzo ni tiempo para cumplir esta labor.

Durante la emergencia sanitaria nacional la Contraloría despliega control simultáneo. Si la situación lo amerita, se implementarán controles posteriores donde se identificará a presuntos responsables en el inadecuado uso de recursos públicos.

MARCO NORMATIVO

El 06 de abril de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31016, Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La norma permitió que la Contraloría General de la República, en el marco de sus atribuciones constitucionales, despliegue el control simultáneo a la emergencia sanitaria en sus modalidades de control concurrente, visita de control y orientación de oficio, con el fin de supervisar selectivamente la asignación y uso de recursos públicos por más de S/90 mil 900 millones que hasta la fecha se ha asignado para la atención de medidas requeridas por efectos del coronavirus en el país.

“En la Contraloría General de la República, como organismo público y máxima autoridad del Sistema Nacional del Control, estamos comprometidos en reducir los índices de corrupción, antes, durante y después de la emergencia sanitaria, en cada región del país, a través del fortalecimiento de la labor de las Gerencias Regionales de Control y las Oficinas de Control Institucional, y por supuesto, desde la misma sede central de la Contraloría, sus Gerencias y Subgerencias”, sostiene el contralor general Nelson Shack Yalta.

DATO

La estrategia de control a la emergencia sanitaria impulsó activamente el control simultáneo en su primera fase. En este segundo semestre del año, y con el propósito de identificar presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas de funcionarios o servidores públicos que hayan cometido irregularidades durante la emergencia sanitaria, se procederá a ejecutar el control posterior en las entidades públicas. Con esta fase, se cerrará el círculo del control orientado a prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y la inconducta funcional que hayan ocasionado pérdidas al Estado.

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