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En lo que va del año más de tres municipios promovieron cuestionadas medidas en contra de venezolanos

25 de octubre de 2019
Fuente: RPP
El último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) mostró que el 62% de los ciudadanos venezolanos entrevistados en cinco ciudades del Perú se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad.

En esta semana surgió la polémica sobre la decisión de los miembros de los Comités de Autodefensa locales para expulsar a ciudadanos venezolanos del distrito de Pichari (Cusco) en dos meses.

La medida fue dejada sin efecto por la comuna y decidió empadronar a todos los extranjeros en esa jurisdicción, los cuales deberán contar con sus documentos en regla, presentar una constancia de trabajo, constancia de no tener antecedentes judiciales y penales y pertenecer a la organización de venezolanos en Pichari.

Pero esta situación no es la única, otras dos municipalidades y Gobierno Regional emitieron medidas cuestionadas dirigidas a la comunidad venezolana.

El pasado 27 de marzo, el alcalde de Huancayo (Junín), Henry Fernando López Cantorín, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que “se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011, que en su artículo quinto establece «que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”. Sin embargo, la ordenanza buscará que se llegue a un porcentaje superior al 80%.

No obstante, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de López Cantorín por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación.

De otro lado, el 21 de julio en Cusco, el Gobierno regional publicó en el diario oficial El Peruano una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan a ciudadanos cusqueños para contratar a extranjeros “en informalidad y subempleo».

El Ministerio de Trabajo consideró esta medida como inconstitucional, porque ningún gobierno regional o municipalidad puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes.

Otro caso, es la Municipalidad Provincial de Pisco que informó el 26 de setiembre que desde el 7 de octubre los ciudadanos venezolanos que residen en esta jurisdicción deberían tramitar un “carnet de identificación y permanencia”. La comuna enfatizó que el empadronamiento es de “condición obligatoria para permanecer en Pisco y sus distritos».

La Defensoría del Pueblo rechazó esta medida precisando que se encontraba fuera de la ley. Días después, el municipio de Pisco suspendió el empadronamiento anunciado.

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