Arequipa

“Es necesario deponer todo tipo de interés particular para lograr ejecución de Majes Siguas II”

3 de octubre de 2020

Entrevista a Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional.

Óscar Urviola fue diputado en la década de los 90 y ejerció el cargo de presidente del Tribunal Constitucional. El reconocido abogado y docente universitario reflexiona sobre uno de los asuntos más importantes para la región Arequipa en estos tiempos: la ejecución del proyecto Majes Siguas II, el fracaso de la descentralización en el Perú y la actualidad política del país.

Por: Gustavo Callapiña D.

-Nuevamente Majes Siguas II ha sido la noticia más importante de la semana. ¿Cuál es su parecer sobre la situación de este proyecto que aún no se concreta en Arequipa?

La importancia del proyecto Majes Siguas II no es solo regional, sino para toda la macroregión sur y el Perú. Su ejecución va a incidir en la economía del país y su relevancia se acrecienta en estas circunstancias de una crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. Por eso es necesario que todos los intereses partidarios, políticos y personales se pongan de lado y se priorice los de la nación para su ejecución en el corto plazo. 

-¿Por qué cree que en todo este tiempo no se ha podido avanzar en su ejecución?

Lamentablemente los años de atraso se deben a que ha tenido que superar dificultades como la oposición de Apurímac y Cusco respecto a la utilización del agua del río Apurímac y su derivación para la represa de Angostura lo que generó un proceso ante el Tribunal Constitucional. La decisión del consorcio de rescindir el contrato es consecuencia de la ineptitud de más de un gobierno regional que no ha visto la utilidad que puede representar su puesta en funcionamiento que permitirá la incorporación no solo de las 38 mil 500 hectáreas nuevas sino también la consolidación de cerca de 7 mil hectáreas en la irrigación Majes que ya tiene muchos años y la construcción de dos centrales hidroeléctricas para la generación de energía.

-La principal dificultad ahora es la garantía para financiar la adenda 13 que no logra el gobierno regional

Creo que este tema de la adenda 13 que exige un aval – no un desembolso -por parte del gobierno para continuar las obras es muy necesario porque permite introducir modificaciones al proyecto original. La obtención del mismo no está en manos del gobierno regional sino en el Central y la región tiene que aceptar que pase momentáneamente al Ejecutivo para superar esta dificultad  y seguir con los trabajos de lo contrario va a significar exponernos a un arbitraje internacional.

-Ir a este arbitraje retrasaría aún más el proyecto. ¿Cómo abogado constitucionalista, que consecuencias traería ir a un proceso como este?

Los arbitrajes de inversión como en este caso son sometidos a árbitros internacionales y podrían ser muy perjudicial, no solo en términos económicos para el país, sino también en término de los efectos. Dadas las características por las que se ha atrasado la ejecución de Majes Siguas II y  las dificultades que se ha puesto al consorcio Cobra es probable que el estado peruano pierda. Estos procesos suelen ser agiles ya que están sujetos a reglas de arbitraje internacional y se resuelven en no más de un año o año y medio. Se dictamina un laudo arbitral que además de ordenar las indemnizaciones a las que tenga derecho el consorcio se suma el costo de no tener operando el proyecto.

-Uno de los argumentos que esgrimieron gremios agricultores y consejeros regionales para no transferir Majes Siguas II al Gobierno central es que se atenta contra la descentralización. ¿Qué opina sobre el proceso de regionalización y descentralización que se inició hace ya más de 15 años? 

En mi concepto es el proceso más erróneo de los últimos años. Fue una reforma apresurada que dio de manera excesivamente generosa una serie de facultades a los gobiernos regionales sin estar estos  en condiciones de asumirlas. De un extremo centralismo nos hemos ido a un extremo regionalismo con una descentralización en que la capacidad regional de administración no era la más adecuada. Ese proceso debió ser gradual y la prueba del error es que muchos proyectos que se dieron a las regiones hasta ahora no  se concretan. ¿Cuántos años tiene el proyecto de la autopista a La Joya? ¿El proyecto Majes Siguas II? ¿Eso qué significa? La ineptitud de todos los gobiernos regionales. El proceso de regionalización y descentralización es un fracaso, que lamentablemente se implementó a través de una reforma la Constitución en el gobierno de Alejandro Toledo, no ha servido para nada y esa es la verdad.

CRISIS POLÍTICA

-Pasando a un tema nacional. ¿Qué opinión le merece el actual Congreso de la República que se dijo tenía que ser mejor que el disuelto anteriormente? 

Este Congreso es dos veces peor que el anterior y de eso tiene la culpa el señor Martín Vizcarra que disolvió el anterior que con sus grandes errores y defectos tenía un periodo constitucional y que bajo un argumento inconstitucional de una negativa “fáctica” de confianza fue disuelto. Además de ello no tuvo una visión de estadista para ver que un Congreso complementario de un periodo corto iba a tener un comportamiento populista como lo vemos y fue irresponsable al no presentar por lo menos una lista parlamentaria que le sirva de apoyo para este último tramo de su gestión y ese es un gran error político. Vizcarra rifó el destino del país, no se compró ni un boleto y los que ganaron fueron partidos como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y el Frepap que conforman este Congreso populista.

-Está en proceso la elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional. Esta labor la hace el Congreso y algunos políticos consideran que deberían hacerlo los congresistas que se elijan en el 2021 ya que el actual es considerado de corto periodo y complementario. ¿Qué opina al respecto como un ex magistrado del TC? 

La Constitución faculta al Congreso esa labor y si el actual quiere ejercer esa prerrogativa le corresponde hacerlo. La disolución del anterior parlamento se dio por querer evitar la elección de un magistrado y ahora hemos puesto en manos de este Congreso –peor que el anterior- la elección de seis miembros del Tribunal Constitucional. Esperemos que los congresistas actuales en esta última etapa de su gestión tengan la capacidad de hacerlo acertadamente. Yo tengo la esperanza que puedan cumplir esta labor de la mejor forma y que quienes sean elegidos sepan que no se deben a quienes los eligieron sino a un mandato que la Constitución les ha dado a través del Congreso y es para ser los guardines de la defensa constitucional y no los guardaespaldas de los congresistas que los eligieron. 

-Funcionarios cercanos al presidente han sido detenidos por el caso Richard Swing. De los numerosos audios que se han escuchado, en uno se escucha a Martín Vizcarra coordinar como responderían ante las investigaciones del Ministerio Público. ¿Finalizado su gobierno, el mandatario podría ser investigado por el delito de encubrimiento?

Si podría ser investigado. En nuestro sistema constitucional el presidente de la República tiene un sistema de protección establecido en la Constitución  ya que al ser jefe de Gobierno y de Estado personifica a la nación. La investigación del Ministerio Público está en curso y por eso se ha detenido a dichos funcionarios. Seguramente de allí surgirán elementos de prueba sobre la participación del señor Vizcarra en estos hechos y el fiscal tendrá que establecer que cual es el grado de responsabilidad para formular la acusación una vez que culmine su mandato.  

-Finalmente. ¿Qué parecer tiene del actual sistema político del país y las elecciones generales del próximo año?

Las veo con pesimismo y preocupación a la vez. La política actual lamentablemente es el resultado de factores  negativos que surgieron como una defectuosa legislación de los sistemas electorales. Considero que debe haber una legislación para que en los partidos políticos no se puedan inscribir tan fácilmente las personas sin planteamiento ideológico y solo sobre la base de un poder económico que ha surgido misteriosamente y se ve representado en este congreso con personas vinculadas a universidades no licenciadas. Cambiar todo ello pasa por algo que es sustancial que es lograr ciudadanía. Ninguna sociedad que aspire a ser democrática puede serlo sin este insumo.

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