Política

Gobernadores piden a Jefe de Estado no imponer a la fuerza proyecto minero

11 de julio de 2019

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), que integran los gobernadores de todas las regiones del país, pidió al gobierno del presidente Martín Vizcarra no imponer a la fuerza el proyecto minero Tía María de Southern Perú.

El proyecto en mención que pretende explotar cobre a través de dos yacimientos, Tía María y La Tapada en el valle de Tambo de la provincia de Islay, obtuvo la licencia de construcción, último paso para poder iniciar con sus operaciones. El anuncio, fue dado por la propia empresa en la víspera, lo que generó de forma inmediata el rechazo de parte de la población del Valle, que anunciaron el inicio de una huelga indefinida desde el lunes 15 de julio.

“Señalar con toda firmeza que la imposición de la fuerza, aun siendo un mecanismo legal, no puede ser utilizado ante poblaciones indefensas y cuyas demandas no se han atendido”, dice de manera textual un comunicado que la ANGR emitió ayer.

IMPONER DIÁLOGO
Los gobernadores regionales, en ese sentido, exigieron al gobierno de turno “imponer el diálogo, “como mecanismo para tratar las diferencias que puedan existir en la sociedad arequipeña respecto al proyecto minero Tía María”. “Solo con diálogo y concertación se fortalece la democracia”, refieren. En ese contexto señalaron que: “Dar cumplimiento a la licencia social, es un imperativo”.

Bajo ese criterio, exhortaron a la empresa minera, dueña del proyecto, “a participar del dialogo con transparencia, así como de la protección del medio ambiente y los recursos naturales que sustentan la vida de las comunidades que residen en el entorno del proyecto minero. Las autoridades regionales, pidieron además a la población del valle a dialogar y anteponer el interés general en la solución de los conflictos sociales.

SEÑALAR RESPONSABLES
Los gobernadores mediante su comunicado, solicitaron al Ejecutivo y al Congreso de la República “se mejore las normas que regulan el mecanismo de dialogo en caso de la ejecución de proyectos estratégicos de desarrollo nacional o macrorregional y de conflictos sociales que puedan presentarse. Así como señalar las responsabilidades que recaen al no aplicarse el procedimiento para obtener la licencia social”.

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