Arequipa

«Gobierno regional ni consejeros son dueños del pueblo y no pueden seguir perjudicándolo»

2 de octubre de 2020

Mientras el proyecto Majes Siguas II continúa paralizado, es una fortuna de dinero la que viene perdiendo la región Arequipa y eso lo están permitiendo el gobernador y el Consejo Regional, que se creen dueños del pueblo, de más de un millón 300 mil habitantes, criticó el analista político, Patricio Quintanilla Paulet.

“Lamentamos que, por intereses subalternos, Arequipa esté perdiendo 800 millones de dólares anuales y que miles de personas no cuenten con un empleo digno, generando el retraso del desarrollo regional. Ellos no son los dueños de Arequipa, fueron elegidos para que hagan que las cosas funcionen, no para generar problemas”, añadió.

Indica el rector de la Universidad La Salle, que es urgente la necesidad de reactivar el proyecto de irrigación, no importando quién lo haga. “El proyecto es de Arequipa y aquí se va a quedar, nadie se lo va a llevar, así lo hagan los chilenos, los polacos, los españoles o el Gobierno central, sólo hay que ver cuál es la institución más idónea, y en estos momentos no parece ser el gobierno regional”, agregó el especialista.

Algo similar señaló el día miércoles al solicitar que sea el gobierno regional traspase temporalmente el proyecto al Ministerio de Agricultura para su destrabe y ejecución. “Los canales, las tuberías, la represa, las tierras se van a quedar en Arequipa, nadie se las va a llevar, pero se tiene que ejecutar este importante proyecto”, dijo el mandatario.

Por su parte, el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes, Napoléon Ocsa, indicó que se va a buscar una opinión colegiada de diversas instituciones para ver cuál es la alternativa más urgente a asumir para lograr la ejecución del proyecto, aceptando que, optar por lograr que el Congreso apruebe una ley para conseguir el aval para la concesionaria de 104 millones de dólares, puede tomar mucho tiempo.

DATO

Queda, dijo, la alternativa de la aprobación de la firma del convenio con el Gobierno central, cuya propuesta mejorada aún no ha sido votada en el Consejo Regional, cuyos integrantes finalmente decidirán si el proyecto se ejecuta o se posterga sin plazo definido.

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