Arequipa

Hablemos de dinero con la Reforma del Financiamiento de los Partidos Políticos

16 de septiembre de 2020

Por: Lucas Z. Granda

            Rosa Figueroa escribe un artículo titulado “Regulación del Financiamiento de los Partidos Políticos en México” mostrando porque es relevante que el Estado pueda regularizar y controlar el financiamiento no solo de las campañas electorales, sino la promoción de la política partidaria en igualdad de condiciones para todas las organizaciones que aspiran a un cargo público. Está reforma estaba en la constitución de México en 1977, pero recién 1990 se ejecuta la reglamentación de esta medida, abarcando el financiamiento público para actividad electoral, actividades generales como entidades de interés público, la subrogación del Estado de las contribuciones de los legisladores habría de aportar para el sostenimiento de sus partidos y las actividades específicas como entidades de interés público, manteniendo el criterio dual, proporcional al número de votos y escaños

            Entonces se establecen en México y en Latinoamérica una serie de reformas políticas y constitucionales para ver el financiamiento de la política partidaria en sociedad. Llegando a algunos acuerdos como que el financiamiento público tiene que predominar frente al privado, la especificación de las fuentes legítimas para obtener financiamiento privado y los límites de esas donaciones, la exclusión de dinero de determinados orígenes (gobiernos, el extranjero, las iglesias, empresas mercantiles y donativos anónimos), topes a que los partidos puedan gastar en las campañas, y un régimen de amplia fiscalización a las finanzas de los partidos y las sanciones que se hacen acreedores si violan la ley, según Figueroa.  

            ¿Por qué el financiamiento de las campañas electorales es importante para la lucha contra la corrupción? Es está la puerta de inicio a actos delictivos en licitaciones, tráfico de influencias, protección de intereses subalternos, acciones de persecución política, entre otras.

            Hay una brecha en los costos de campaña y la escasez de dinero en la caja de los partidos. Ya que los que han aportado esperan una retribución de diversos tipos una vez que el candidato que apoyaron llegue al poder. Obedeciendo a una vida de organizaciones políticas formales, pero de una profunda vida informal, donde hay miembros como los afiliados que no militan, tesoreros que no forman parte del comité de campaña y allegados al candidato que son los canales donde discurre el dinero, en medio de circuitos informales que solo algunos dirigentes conocen. Como por ejemplo, en la X Encuesta sobre Corrupción por Ipsos Perú por encargo de Proética, manifiesta que desde el 2006 al 2018 se ha acrecentado de 49% a 62% de ciudadanos que cree que la corrupción es el mayor problema que tenemos en la actualidad, considerando que de 100 congresistas 77 son corruptos para la percepción ciudadana.

Entonces la bancarización de los aportes a las campañas electoras es indispensables, pero no deben ser esfuerzos aislados, el objetivo es el financiamiento público en la política del Perú, evitando dinero de la corrupción, narcotráfico, terrorismo, entre otros. Siendo la ciudadanía la que se informe de los recursos financieros que cada partido político tiene en una campaña electoral. Sin dejar al financiamiento privado fuera de la contienda política, pero con metas de equidad, transparencia y autonomía de los partidos políticos, estableciendo montos y modalidades, siendo legítimo recibir dinero de particulares.

            El problema que se tiene que resolver, es la brecha entre los altos costos de campaña y la escasez de dinero en la caja de los partidos. En el Perú por ejemplo, para la campaña del 2016, se reportaron gastos por 55 millones de soles, actualmente por el trabajo de la Fiscalía se pudo descubrir que este monto obedecía al financiamiento de la empresa Odebrecht en diferentes campañas electorales desde inicios del 2000. Francisco Duran en su libro “Odebrecht: La Empresa que Captura Gobiernos” nos explica detenidamente como se instauró el sistema de corrupción en el Estado, detectado aportantes fantasmas, fuentes anónimas de financiamiento, que juntándose con lo que dice el Latinobarómetro en el 2015, donde el 70% de los peruanos no confían en los partidos políticos, hay una tendencia a la aversión a la política en el país. 

            Es por eso que se propone en el Art. 1 en el Objeto de la Ley de Reforma Política: es la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. El financiamiento de los partidos políticos se ha sumado a la gris de la política, en el último cuarto de siglo, las militancias y los aportes económicos han disminuido en los partidos. El origen del problema es el financiamiento de los partidos políticos y la imperiosa necesidad del dinero por parte de estos, es por ello que se tiene que contar con normas adecuadas que supervisen y sancionen a quienes infringen la ley.

            Hay que reducir las desigualdades en la captación de recursos, así como los riesgos de vulnerabilidad de los partidos políticos ante las fuentes de dinero ilícito. Crear también mecanismos más efectivos para la supervisión de fondos partidarios.

            Las organizaciones políticas y las campañas electorales provienen tanto del financiamiento público como del privado. La práctica contemporánea es que los partidos políticos prefieran el financiamiento privado. Entonces el efecto de la reforma es reforzar un sistema político peruano en valores y principios propios del Estado democrático de derecho, respondiendo al interés público por los que fueron escogidos, limitando el acceso al financiamiento privado en los partidos políticos ya que pueden ser una ventana para el financiamiento ilegal o proveniente de los delitos como el narcotráfico, lavado de activos, entre otros. Entonces se debe de incrementar el financiamiento público, independizando a los partidos políticos de los intereses de terceros, igualar la competencia y fortalecer la institucionalidad de las organizaciones políticas.

            En el Art. 29 de la Reforma Política se propone sobre el financiamiento público directo, manifiesta que el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la unidad impositiva tributaria, por cada voto válido para elegir representantes al congreso. La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de un quinto por año, distribuyéndose un 60% de manera igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el congreso y un 40% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al congreso.

            Todos los aportes que superen el 10% de UIT, se realizan a través de entidades del sistema financiero. La entidad bancaria tiene que identificar a los que identifiquen los depósitos, retiros y transferencias en la cuenta de una organización política. Los ingresos por cualquier de las fuentes establecidas en el artículo se registran en los libros contables de la organización política.

            Los partidos políticos tienen serios problemas para poder autofinanciarse a través del dinero de sus afiliados u otras actividades que organizan, por lo que recurren al financiamiento privado. Los aportes privados cubren mayoritariamente las campañas electorales. De los aportes el 57.3% se invierte en publicidad televisiva, 21.2% en publicidad radial, 16.8% en publicidad exterior, el 4.3% en prensa escrita y el 0.28% en publicidad de internet, según la ONPE. Es por esa razón que la franja electoral es importante para las campañas electorales. Proponiendo la ampliación de la franja electoral no solo debe ser de tiempo sino de duración, la transparencia y la rendición de cuentas.

            Los candidatos organizan campañas electorales diferenciándose de su organización política, en consecuencia cada candidato está propenso a recibir dinero privado para sustentar su campaña, acompaña la debilidad institucional de los partidos políticos, contribuyendo a las oportunidades de que el dinero ilegal se filtre dentro de las organizaciones. El aporte privado es difícil de fiscalizar debido a que los ingresos de dinero en las campañas son múltiples y escurridizos, entonces aumentar el financiamiento público, extendiendo su uso a los procesos electorales, mejorar la fiscalización y el control realizado por la ONPE, es un decisión para cambiar el rostro de la política. El mayor dinero público en las campañas electorales reduce de forma significativa la necesidad de los partidos políticos de recurrir a otras fuentes de ingresos y produce un mejor control y fiscalización de estos recursos.

En el libro de Duran, citado párrafos arriba, menciona que “Jorge Barata, principal ejecutivo de Odebrecht en el Perú y en América Latina, declara ante los fiscales peruanos y revela financiación a todos los principales partidos políticos. Además delata al Club de los Constructores – que el integro-, formado por empresas constructoras peruanas que habrían incurrido en acuerdos y pactos ilícitos para concertar y repartirse las obras y licitaciones concursadas por el Estado. El Presidente Kuczynski renuncia”. Queda claro que el financiamiento público y privado de los partidos políticos es crucial para investigar casos de corrupción y generar mecanismos de defensa a la ciudadanía, cumpliéndose el círculo del sector privado al apoyo de organizaciones políticas en campaña para poder ganar licitaciones públicas.

Actualmente en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República la preside Omar Chehade, teniendo en su plan de trabajo la reforma electoral sobre el “financiamiento público y privado de los partidos políticos”.

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