Arequipa

Investigarán millonaria inversión del GRA en terrenos en litigio

22 de octubre de 2020

En un mes y medio aproximadamente, se conocerá los resultados de la investigación que  hará una comisión del Consejo Regional sobre la inversión que viene haciendo el Gobierno Regional de Arequipa en un terreno en litigio que no está saneado y donde además el Gobernador Regional y algunos de sus funcionarios de confianza tienen lotes.

Esta comisión está presidida por el consejero Harbert Zúñiga, quien informó que se trata de la asociación de vivienda Jardines del Colca, ubicado en el distrito de Yura y que ocupan parte de unas 18 mil hectáreas de terreno que estarían inscritas a nombre de la familia Osorio Ricalde; pero que hace unos 8 o 9 años fueron invadidos por un grupo de pobladores de Caylloma.

El problema es que el GRA viene ejecutando la construcción de una Plaza Cívica en el lugar por casi 4 millones de soles, en una zona donde los pobladores no tienen servicios básicos como agua, desagüe o energía eléctrica y mucho menos, se encuentra saneado.

El consejero Zúñiga indicó que, antes de haber aprobado cualquier inversión en el lugar, se debieron resolver los temas judiciales, que determinen realmente a quién pertenecen los terrenos, si son privados o estatales.

Pero no solo la inversión millonaria sería el problema, sino que el gobernador Elmer Cáceres Llica estaría incurriendo en un ilícito penal, puesto que además tendría a su nombre algunos lotes, lo mismo que su funcionario de confianza, Hugo Mendoza, quien además es dirigente de dicha Asociación. Mendoza es asesor regional y gana un sueldo promedio de 8 mil soles, fue denunciado por violencia familiar.

Esta comisión de investigación, estará solicitando, entre otras cosas, que les alcancen la relación de socios para ver quiénes tienen lotes y cuántos por cada uno. También harán una visita al lugar solicitando la intervención de la policía nacional para el resguardo personal y la concurrencia del Ministerio Público y la Contraloría, pues a todas luces en el lugar habría conflicto de intereses y delitos penales por la ejecución de las obras.

Hasta el Consejo Regional llegó un grupo de pobladores, señalando que el dirigente los había enviado para protestar contra los consejeros que investigarán las supuestas irregularidades, pero además exigiendo el saneamiento de los terrenos y los servicios básicos.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la población que creemos que los están estafando porque los terrenos son privados. Que le exijan al gobernador les saneen el terreno que fue una promesa de campaña, pero que todo se haga correctamente”, añadió.

En el hecho también estarían involucrados funcionarios de la municipalidad de Yura, puesto que fueron ellos los que elaboraron el perfil y el expediente técnico para la ejecución de la plaza cívica.

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