Judiciales

Empresarios pagaban hasta S/ 2 mil 200 para liberar vehículos

10 de enero de 2019

La audiencia de prisión preventiva de los implicados en la presunta organización criminal “Los Correcaminos del Sur” continúa. La fiscal especializada contra la Criminalidad Organizada, María Alejandra Cárdenas Ávila, señaló que el exgerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Gamarra Vásquez, tenía conocimiento de las coimas que funcionarios e inspectores cobraban.

Diario El Pueblo tuvo acceso exclusivo a la declaración del testigo protegido de código TP01-2018-141. En su declaración ante la fiscal aseguró que los funcionarios e inspectores les cobraban entre 2 mil y 2 mil 200 soles para que sus unidades puedan circular libremente, salir del depósito o aumentar la flota de la empresa.

En su testimonio relata que en el año 2015, el recientemente nombrado gerente José Gamarra Vásquez reincorpora al cargo de inspector a Abraham Mendoza, alias “Viejo”, ambos ahora imputados. Mendoza había sido separado de su cargo por recibir sumas de dinero.

El testigo relata que Abraham Mendoza juntaba a personas ajenas para que estas cobren los cupos a los transportistas de las empresas de minivanes. Según la declaración, el cupo era de S/ 250 mensuales por vehículo informal, mientras que las empresas formales debían cancelar S/ 1000 mensuales. Este era un primer pago para que las unidades puedan circular libremente por las carreteras de la región sin la intervención de los inspectores.

Este colaborador de la fiscalía también asegura que Abraham Mendoza contactó al también ahora imputado Gabriel Almonte Concha, alias “Chascoso”, quien se encargaría de recabar el dinero los primeros días de cada mes, para posteriormente reunirse en un restaurante cercano a la plaza del distrito de Paucarpata y entregárselo al “Viejo”.

Según la declaración, en el año 2016, “Chascoso” se presenta como hijo de Abraham Mendoza y se entrevista con los gerentes y conductores de las empresas y les da a conocer que él sería el encargado de juntar el dinero para el que sería su padre de coimas.

“(…) Cuando verificaba que algún vehículo se negaba a pagar, reportaba la información al señor Mendoza y a todo el grupo de inspectores para que al momento de las intervenciones sean retenidos los vehículos impagos (…)”, reza la declaración.

El testigo reconoce que en una oportunidad su vehículo fue llevado al depósito por lo que pidió la ayuda del gerente regional José Gamarra, este último lo derivó con el subgerente de transporte interprovincial, José García Velásquez, alias “Bigotes”.

“(…) Cuando conversé con esta persona, me solicitó le pague el monto de 2 mil soles con la condición de que mi vehículo pueda salir del depósito sin el pago de la UIT (multa)”, dice el testigo ante la fiscal.

García Velásquez también está detenido y afronta el pedido de 36 meses de prisión preventiva que hizo la fiscalía. La narración del testigo protegido continúa y señala que el subgerente lo derivó a la oficina de los inspectores Manuel Salazar y Pedro Titte, a este último le hace entrega de los 2 mil soles e inmediatamente se emite un informe y la resolución en la que se indicaba que el vehículo detenido no estaba prestando servicio público de pasajeros, sino particular o familiar, por lo cual debía ser liberado sin el cobro de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

“(…) Todas las veces que mis vehículos han sido retenidos y llevados al depósito, yo he tenido que pagar la suma de 2 mil soles, pero casi siempre se lo entregaba a Manuel Salazar, estas resoluciones eran firmadas por el subgerente a cargo (…)”, dijo en su declaración.
Finalmente, el testigo asegura que ante tanto cobro ilegal, decidió pedir la autorización de circulación por 10 años. Sin embargo, la gerencia le negó su pedido y la reconsideración que también presentó.

“ (…) me constituyo a la subgerencia de transportes y comunicaciones de Arequipa y me entrevisto con el señor Juan García, le explicó mi situación y la negación de mi solicitud de permiso, entonces esta persona me pide la suma de 10 mil dólares que sería entregado al gerente y subgerente de la Gerencia Regional de Transportes con la finalidad que se me otorgue el permiso (…)”, argumentó en su atestado.

Sin la plata, el testigo sale de la oficina, incentiva a una protesta que lo llevó a conversar con la ahora exgobernadora regional Yamila Osorio Delgado, quien asegura no cumplió lo que prometió. Cambia de nombre a la empresa para evitar el hostigamiento de los inspectores, pero no fue suficiente.

“ (…) decido transferir mis unidades a otra empresa, cuya gerente general era la señora Mary Rivera Cárdenas con la finalidad de que sea esta persona quien pueda sacarme los permisos para mis vehículos, ya que ella había obtenido de manera favorable los suyos, pero para ello tuve que hacer un trámite de incremento de flota vehicular (…)”, relató.

El trámite nuevamente se paralizó y el testigo tuvo que ir nuevamente a las oficinas de la gerencia a reclamar. Él dice que se entrevistó con el inspector Armando Calderón, quien le pidió la suma de 2 mil 200 soles por cada unidad vehicular de la cual se iba a ampliar la flota, solo así pudo obtener el permiso que anhelaba.

“ (…) poco a poco fuimos incrementando la flota de 10 en 10 y por cada uno pagábamos 2 mil 200 soles, dinero que era entregado a Armando Calderón y Alejandro Martínez, este último no era trabajador del Gobierno Regional (…), en total habré pagado la suma de 90 mil soles”, señaló.

DATOS
Según el testigo el dinero era repartido entre los subgerentes y el exgerente José Gamarra.

El abogado defensor de Gamarra, Edgar Valencia Almonte, señaló que las declaraciones de este y otros testigos que aseguran haber pagado no pueden ser consideradas como testigos protegidos, sino más bien como colaboradores eficaces, por tanto deben estar incluidos en el proceso. Negó que el dinero haya llegado a su defendido.

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