Arequipa

LA DEFENSA PÚBLICA EN EL PERÚ

20 de febrero de 2015
LA DEFENSA PÚBLICA EN EL PERÚ
Por: Mg. Juan Jesús Vizcardo Delgado
 
Aún existe mucha gente que no sabe que nuestro país – como en casi todos los países del mundo, aunque con diferentes matices- tiene una institución que vela por el acceso a la justicia de los ciudadanos pobres y esta es la Dirección General de Defensa Pública y acceso a la justicia– DGDPYAJ -dependiente del Vice Ministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia, los operadores de la misma son los Defensores Públicos otrora Defensores de Oficio. 
Una visión retrospectiva de cómo vino surgiendo la defensa pública en nuestro país, nos ha llevado a revisar las Constituciones Políticas a fin de determinar que los derechos de los ciudadanos han ido consolidándose desde los albores de la República, in crescendo con el devenir del tiempo, tal es así que, la Constitución de Cádiz de 1812 señalaba “Ningún español podrá ser preso, sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo, un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión”.
Las sucesivas Constituciones del Perú hablaban también de algunos derechos de los ciudadanos, sin embargo, la de 1820 hizo alusión por primera vez a la “defensa” en el texto que  reza: “Nadie puede defender o reclamar su derecho sino en la forma que establezca o autorice la ley. El derecho de petición puede ejercerse individual o colectivamente”.
Sin embargo, en la Constitución de 1979 es cuando se coloca a la persona en un estadio especial y fundamental, ya que señala en el art 2 inc 20 literal d) “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado por pena no prevista en la ley”.
El vigente texto constitucional de 1993, contiene asimismo las normas detalladas en la anterior Constitución y adicionalmente señala en el artículo 139 numeral 14: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente, y por escrito, de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.
Asimismo, el Poder Judicial, institución que estuvo a cargo de la defensa de las personas de escasos recursos, hace alusión en su ley orgánica a la gratuidad de este servicio para las personas de escasos recursos a través de los Defensores de Oficio, abogados a quienes se les tenía cierta consideración ya que por lo menos en la cuestión remunerativa, esta debía equipararse con la de los secretarios o relatores del órgano jurisdiccional.
En diciembre de 1998, se emitió la Ley N° 27019 que crea el Servicio Nacional de Defensa de Oficio, separándose del Poder Judicial y pasando a formar parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, en esta ley se consideraba la solemnidad que se le daba al acto de asunción del cargo de defensor ya que el Defensor de Oficio debía Juramentar ante el Ministro o Vice Ministro o Director Nacional de Justicia para ejercer el cargo; en el aspecto laboral y remunerativo estaban bajo el régimen de la actividad privada, que como se sabe este régimen tiene aún mejores prerrogativas que los otros regímenes laborales.
En abril del 2009, se dio la Ley N° 29360 del Servicio de Defensa Pública, con vigencia a partir del 1° de enero del 2010, cuyos servicios van dirigidos a dos áreas grandes, a) la defensa penal pública en asesoría y patrocinio legal a las personas investigas yo/ inculpadas incluyendo a los menores infractores y b) en los consultorios jurídicos populares, a víctimas de violencia familiar, sexual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, complementándose con los servicios de  conciliación extrajudicial y constituyendo los  Centro de Asistencia Legal Gratuita –ALEGRA; el servicio es prestado por los Defensores Públicos, quienes son abogados contratados, mediante  concurso público, bajo el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, con periodos de contratación trimestrales.
La presencia institucional y el servicio que se presta aún no es conocido por mucha gente de escasos recursos económicos, perdiendo la oportunidad, aquellos agraviados especialmente, de un derecho esencial que brinda el Estado, y que debería incidirse en su motivación a fin de complementar el derecho a la inclusión que pregona el gobierno; a pesar de que la Dirección General de Defensa Pública, a cargo del Dr. Ernesto Lechuga Pino, promueve campañas de difusión sobre los servicios que prestan, resultando esta, insuficiente por la falta de recursos.
A fin de consolidar la organización de la Defensa Pública, hay dos aspectos importantes que se debe tener en cuenta, a) mayor autonomía y b) mayor presupuesto, gestionando, a través del Congreso de la República, un régimen de carrera pública que solucionaría el problema remunerativo, de estabilidad laboral y de capacitación, ya que actualmente la defensa pública se ha convertido en semillero de fiscales. Es momento, en este próximo aniversario a celebrarse el 02 de marzo, para tocar las puertas del gobierno y del Congreso a fin de que ahonden en el tema de inclusión en los servicios de justicia para los más necesitados y solucionar por ende la problemática de los “abogados de los pobres”. Feliz aniversario a todos los Defensores Públicos a nivel nacional, especialmente a los de Arequipa.
 
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