Arequipa

La igualdad ante Dios y la Ley

16 de febrero de 2020

Hubo una transmutación para legitimar el ordenamiento legal del nuevo orden republicano, donde todos eran iguales ante la ley, en el contexto de una sociedad ideal.

Por Mario Rommel Arce Espinoza

Desde la Constitución fundacional de 1823 figura el principio de la igualdad de la persona ante la ley. Este axioma legal estableció una ficción jurídica, asumiendo que todos los peruanos tenían igualdad de derechos y obligaciones, cuando en realidad la fractura social era evidente entre ciudadanos y no ciudadanos. Sin embargo, el universo mental de la época todavía no reconocía la igualdad a plenitud, en vista de las diferencias sociales y culturales entre los peruanos de la época; a pesar de la proclamación de un decreto dado por el Libertador San Martín, el 27 de agosto de 1821, donde precisaba que a partir entonces los “indios o naturales” pasarían a llamarse peruanos. Este enunciado estaba lejos de tener un contenido real. Eran peruanos de nacimiento, pero no gozaban a plenitud de los beneficios de la ciudadanía. Sin embargo, repito, las ideas predominantes en ese momento eran otras.

El deseo de igualdad, de parte del gobierno protector de San Martín, hizo que también se prohibieran los títulos de nobleza. Pero, al mismo tiempo, era una falacia pretender cambiar las cosas de la noche a la mañana. El jurista francés Carlos Comte (1782 – 1837) en la edición traducida al castellano de su “Tratado de Legislación, o exposición de las leyes generales según las cuales los pueblos prosperan, decaen o quedan estancados”, publicada en París, en 1827, no creyó en las asambleas que declaraban con entusiasmo la igualdad de las personas, y con ello el fin de las clases, títulos y condecoraciones. Se preguntaba si ¿podemos pensar que esta descripción de un mundo ideal sea una potestad que mude el mundo real? Según Comte, considerado fundador del realismo jurídico, por efecto de la ley, la prohibición sería temporal. En su opinión, el espíritu de clase solo estaba contenido, lo que reina en la sociedad es la hipocresía. Apenas desaparezca la potestad de la ley volverán aparecer las clases, los títulos y las distinciones.

Comte decía que el derecho debe ajustarse a la realidad social. Contrariamente, el legislador creaba una ficción jurídica al establecer la igualdad de las personas ante la ley. Era una aspiración del Estado lograr ese objetivo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución fundacional de 1823. Sin embargo, la realidad social era otra. La población indígena mayoritariamente era analfabeta, vivía adscrita al sistema de hacienda y mantenía lazos de relación servil con los dueños de la tierra. Además, el Perú seguía siendo una sociedad jerarquizada. Las élites locales de la época colonial en muchos casos continuaron ejerciendo los cargos públicos en la época republicana. Una continuidad en el cambio, que si bien es cierto entronizó en el poder a nuevos agentes sociales, como consecuencia de la movilización social, fruto de las guerras de la independencia; pese a ello, varios miembros de las élites locales en el antiguo régimen siguieron usufructuando el poder. Asimismo, varios patrones culturales de la época colonial persistieron en la época republicana. Un largo siglo XVIII, en pleno siglo XIX, como diría el notable historiador francés Fernand Braudel (1902 – 1985) en su lectura del tiempo.

Sobre el particular, el historiador peruano Alberto Flores Galindo (1949 – 1990) en el abordaje de su libro “Aristocracia y plebe” planteó el estudio de los grupos sociales “de arriba” y los “de abajo”, donde ubicó a los esclavos, que recién alcanzaron su libertad en 1854.

En el orden de las ideas, flotaba en el ambiente jurídico la propuesta del filósofo y economista inglés John Stuart Mill (1806 – 1873). En su libro “Consideraciones sobre el gobierno representativo” (1861) sostuvo la vigencia del voto plural en la línea del elitismo democrático.

Stuart Mill reconoce que en una sociedad democrática todos deberían tener derecho a voz. Pero no todos tenían una voz igual. En su opinión, había obvias desigualdades de inteligencia, sentido moral y conocimientos que separaban a unas personas de otras. En el caso peruano, figuraba la desigualdad entonces existente entre los que sabían leer y escribir, y los analfabetos, a quienes inicialmente se otorgó el derecho a voto en las elecciones de primer grado, para elegir electores, quienes, a su vez, elegían en las capitales de provincias a los congresistas y al presidente de la República. Esta situación acabó con la Ley Electoral de 1897 que prohibió el voto de los analfabetos.

Este es un claro ejemplo de la “distinción” de que habló el sociólogo francés Pierre Bourdieu. La diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos formó parte de la estructura social del nuevo régimen republicano, hasta la Constitución de 1979, que recién consagró el voto universal.

Como dijo el jurista francés Carlos Comte, el mundo ideal no podía encubrir el mundo real. El carácter declarativo de igualdad ante la ley era una aspiración que estaba lejos de ser realidad en el siglo XIX.

Hubo una analogía con la igualdad de las personas ante la ley y la igualdad de las almas ante Dios. En una especie de transmutación el orden temporal se sirve del espiritual para legitimar la ley en un nuevo contexto de predominio de la voluntad popular. De acuerdo a las nuevas concepciones filosóficas, el poder soberano recae en el pueblo, y, a su vez, tiene su fundamento en el gobierno representativo.

Esta presunta igualdad ante la ley representa una nueva estructura social; por la cual el hombre dejó de depender de la voluntad del rey, en condición de vasallo, y transitó hacia la observancia de la ley, en condición de ciudadano. Esta garantía en las nuevas repúblicas hispanoamericanas dependía de la Constitución. A partir de entonces, el texto constitucional estableció un conjunto de derechos, de primera generación, basados en las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, tanto norteamericana como francesa.

En la edición traducida al castellano del libro “Elementos del Derecho Natural” del jurista y escritor suizo Jean Jacques Burlamaqui (1694 – 1748), publicado en Burdeos, en 1834, puntualizaba que la Constitución solo declaraba derechos preexistentes. Como ejemplo mencionó que la persona era libre no porque la Constitución lo dijera. Según el jurista, el texto constitucional garantizaba el ejercicio de la libertad.

En cuanto a la igualdad, Burlamaqui sostuvo que nadie nacía con derechos iguales. Solo la ley podía atribuir igualdad de derechos a los hombres. Sería deseable la igualdad entre los hombres, decía con duda el jurista suizo. Pero al mismo tiempo se preguntaba si eso era viable: “¿no es un ente imaginario, una pura quimera por la cual muchos pueblos imprudentes, ilusos y seducidos, han vertido arroyos de sangre humana?”. Solo “aboliendo toda excepción, todo privilegio, todo monopolio, no haciendo clases, corporaciones y categorías de ciudadanos”, concluyó diciendo Burlamaqui, se podría conseguir la igualdad absoluta. Mientras tanto, la igualdad posible y practicable era como la sociedad estaba concebida.
Jean Jacques Burlamaqui tuvo el mismo sentido de la realidad de Carlos Comte. Sin embargo, habría que hacer algunas precisiones. La igualdad de derechos consagrada en la Constitución tiene carácter imperativo. La vulneración de los derechos tiene mecanismos de protección legal, incluso acciones de garantía constitucional, a cuyo conocimiento se avoca el Tribunal Constitucional, creado con la Constitución de 1993. Y también existen instancias supranacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.

La ley tiene carácter coercitivo para asegurar su cumplimiento, de modo que la vulneración de un derecho acarrea, para la parte inculpada, una sanción penal, mientras que la parte agraviada recibe en compensación una reparación económica llamada indemnización.

El Estado, decía Pierre Bourdieu, es el único legitimado para ejercer violencia física y simbólica en contra de las personas o grupos de personas que amenazan su estabilidad. Tiene a su favor el uso de la fuerza pública en el marco de la ley. De lo contrario, incurriría en abuso de poder.
Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), en su obra “El Anticristo” (1895), proclamar la igualdad de derechos era reconocer que antes no hubo igualdad y tampoco derechos, sino más bien concesiones y privilegios.

La igualdad de las almas ante Dios hace suponer que las acciones humanas serán valoradas con equidad por la justicia divina. En cambio, la igualdad ante la ley, en el ámbito de la administración de justicia, supone, hoy en día, respetar la garantía del debido proceso. Pero, en el campo del Derecho Constitucional, cómo se entendía la igualdad ante la ley. En el siglo XIX, el jurista limeño Manuel Atanasio Fuentes (1820 – 1889), conocido como “El Murciélago”, en su obra “Curso de Enciclopedia del Derecho” (Tomo II, Lima, 1876), escribió que “los mismos derechos y los mismos deberes repartidos entre todos, constituyen la igualdad legal”. Por otro lado, dijo que el legislador debería rechazar cualquier desigualdad que no fuera fruto de la naturaleza de las cosas. De igual manera, afirmó que la igualdad legal estriba en el principio jurídico de que nadie está obligado hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Asimismo, sostuvo que todo ciudadano podía ejercer un cargo público si reunía los requisitos exigidos por la ley.

Como ya se dijo, la realidad social era otra en el Perú del siglo XIX. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer el interés de los juristas por construir un orden legal basado en la doctrina jurídica.

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