Arequipa

“La pandemia nos agarró con los pantalones abajo”

25 de noviembre de 2020
Gregorio Palma, gerente del GRA

Fueron los funcionarios del Gobierno Regional quienes realizaron la defensa del gobernador Elmer Cáceres Llica, respecto a la orden de destitución del cargo que dictara el juez Luis Madariaga Condori, debido a que no se afecta a la persona, sino a toda la institución, justificó el gerente general, Gregorio Palma Figueroa.

“Esta pandemia nos agarró con los pantalones abajo”, dijo el asesor del gobernador, Ricardo Sánchez Fernández, para indicar que la enfermedad no solo causó estragos en la ciudad de Arequipa, sino a nivel mundial, pero que gracias al esfuerzo de los funcionarios de la institución se pudo controlar efectivamente y tan es así, que actualmente ya no hay muchos pacientes en los hospitales con el mal y no se registran muertes.

Desmintieron las versión del juez, al señalar que no se había actuado efectivamente para minimizar los riesgos y recordó que una primera acción realizada por la autoridad regional, fue  bloquear los accesos al aeropuerto para evitar que extranjeros llegaran a la ciudad, medida cuestionada por la Defensoría del Pueblo.

“Luego recurrimos a todas las instituciones que podían tener locales para implementar hospitales COVID, nos negaron todos, la Universidad Nacional de San Agustín se negó, fuimos a Cerro Juli, que es propiedad del Estado y está alquilado a una Asociación, pero entramos a la fuerza con ayuda de la policía y ejército para construir el centro de aislamiento. Las decisiones fueron tomadas por todas las autoridades”, indicó.

“Nosotros somos respetuosos del Poder Judicial y del juez que dictó sentencia, pero en el ordenamiento jurídico existe la pluralidad de instancias y los jueces se pueden equivocar, por eso en una segunda instancia serán 3 jueces los que evalúen la apelación y también el caso será puesto en conocimiento de la ODECMA para que vea su comportamiento; además del Jurado Nacional de Elecciones esperando su pronunciamiento”, agregó el asesor.

Por su parte, Palma Figueroa, indicó que esta resolución es nefasta, antecedente nada bueno para la democracia; pero que sin embargo no genera ninguna inestabilidad en la institución, por lo que no habrá ningún cambio en el rumbo emprendido y que el 100 % de trabajadores viene laborando con normalidad.

Indicó que apelarán a una segunda instancia y si se insiste en el fallo, procederán ante el Tribunal Constitucional, hecho que según los especialistas no es posible, ya que solo pueden recurrir a esta última instancia, los demandantes cuando el fallo es contrario.

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