Arequipa

La prisión preventiva bajo la lupa

1 de diciembre de 2019

La aplicación de la medida coercitiva ha sido cuestionada y debatida, en el extremo de quienes administran la justicia y los que están en su búsqueda.

Por: Mariela Zuni M.

La prisión preventiva se ha aplicado en los hechos ligados a la corrupción como el caso Lava Jato, con los presuntos sobornos otorgados por la brasileña Odrebrecht y OAS a políticos y funcionarios del Estado, caso Keiko Fujimori y Susana Villarán, entre otros.

Esta semana el Perú estuvo expectante de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), respecto a la demanda de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular. Al final el TC concedió el hábeas corpus y ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos. En la resolución los tribunos Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, concluyeron que las imputaciones del equipo especial del Ministerio Público son presunciones sin corroborar, que no alcanzan a ser graves y fundadas.

En el plano local, el paro de los servidores judiciales no impidió que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva contra 11 presuntos integrantes de una organización criminal que la fiscalía denominó “El ladrillo sindical del sur”. Presuntamente encabezada por los máximos dirigentes de los sindicatos de trabajadores y de Construcción Civil de Arequipa.
Después de cinco días de audiencia, el juez de Investigación Preparatoria, José Vilca Conde, no encontró graves y fundados elementos de convicción que vincule a los investigados con los delitos de organización criminal y extorsión agravada. Negando el pedido de prisión preventiva, a lo que la Fiscalía apeló.

Si bien cuestionamos o aprobamos estas resoluciones, es necesario conocer cuándo se aplican las prisiones preventivas y qué requisitos de deben cumplir para su aplicación.

Según el Código Procesal Penal la prisión preventiva es una medida coercitiva cautelar personal, prevista por nuestro nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se puede imponer a una persona sujeta a una investigación preparatoria, en los casos en que así lo requiera el proceso, para los fines de asegurar el desarrollo de la investigación, la vinculación del imputado a la misma y al juzgamiento.

De acuerdo al Código Procesal Penal se aplica en primer lugar cuando existen suficientes elementos de convicción. La pena debe ser superior a cuatro años de pena privativa de la libertad. Debe existir peligro de fuga u obstaculización de la justicia.

Según el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce Villafuerte, para que se pida la prisión preventiva, estos tres elementos deben ser concurrentes.

Menciona que los presupuestos no deben ser interpretados, sino deben estar sujetos a un hecho concreto, no en supuestos. Es así que los jueces dictan la medida coercitiva solicitada por un fiscal.

No obstante, Arce señala que los jueces por una cuestión de presión mediática o social otorgan estas medidas demasiado gravosas. “Hay muchas personas están privadas de su libertad, lo que no comparte la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional”, dijo.

ANÁLISIS
Ana Teresa Revilla Vergara, ministra de Justicia y Derechos Humanos, en su vista a Arequipa, corroboró que en los penales de esta jurisdicción existe un real y serio problema de hacinamiento. Explicó que ello, tiene responsabilidad por un lado el Poder Legislativo y por el otro el Poder Judicial, el primero donde los representantes del Parlamento disponen de qué manera se sancionan las conductas de las personas, mientras que el segundo “manda a prisiones preventivas o sanciones por encima de lo que se espera”.

Aunque reconoce que es un tema netamente jurisdiccional, la ministra expresó la intención de “recoger las experiencias, armar grupos de trabajo con representantes del Poder Judicial, de la academia de la magistratura y del Legislativo, para ver qué medidas se pueden modificar, identificar algunos aspectos que puedan estar fallando en la atención normativa para las personas que cometen delitos”.

Comentó que, en algunos casos, frente al mismo hecho el sistema de justicia tiene respuestas distintas. “Una reclusa que tiene una pena, por el mismo delito la otra debería tener una sanción similar. Es un tema de interpretación”.

ENCERRADOS SIN SENTENCIA
Respecto al hacinamiento que recalca la titular de Justicia, en los penales del sur del país, Arequipa, Moquegua y Tacna, existe una población penitencia conformada por 4 mil 214 internos, hasta el reporte de agosto último. Del total 894 están procesados con prisión preventiva y 3 mil 320 ya tienen sentencia. La sobrepoblación llega al 237 %, es decir, hay 2 mil 962 reos más que superan la capacidad de los penales.

Solo en los penales de Arequipa (varones, mujeres y Camaná) hay una población de 2 mil 868 internos, de ellos 593 están procesados, es decir, con mandato de prisión preventiva y 2 mil 275 tienen sentencia.

PLAZO
Hay que señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar y tiene un tiempo determinado y se otorgan dependiendo los casos: en procesos comunes (hurtos) es de hasta nueve meses; en procesos complejos, donde hay más de 2 personas involucradas y muchas pruebas puede ser hasta de 18 meses; por crimen organizado, donde hay distribución de roles (jefe, cabecilla, etc.) es hasta de 36 meses.

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