Arequipa

Mafia extorsionaba a 11 empresas constructoras

16 de noviembre de 2019
Rosmery Mendoza Palomino confirmó que hay 11 empresas perjudicadas con extorsiones.

Según el Ministerio Público hasta ahora son 11 empresas constructoras agraviadas por hechos delictivos que encarecían sus obras mediante la exigencia de cupos, de los que no se sabe si adicionalmente tenían que pagar los trabajadores que se beneficiaban con ellos.

La fiscal Rosmery Mendoza Palomino dijo que la investigación correspondiente se inició en febrero del 2019 y comprendió a las bases del sindicato de construcción civil, no solo de la provincia capital sino también de las otras integrantes de la región.

Entretanto los dirigentes de la FDTA y del propio sindicato CC anunciaron un paro demandando la libertad de sus dirigentes para el 18 de noviembre.
El movimiento estará respaldado por los pueblos del valle de Tambo, los que consideran que la detención de líderes de la FDTA conspira a favor de autorizar inicios de operaciones de Tía María.

El remezón en las bases del sindicato de Construcción Civil y de la Federación Departamental de trabajadores de Arequipa (FDTA) sigue generando fisuras que están dejando ver presuntos hechos delictivos que la fiscalía tendrá que corroborar con elementos de convicción.

Hasta ahora hay identificadas 11 empresas agraviadas que tienen a su cargo obras públicas y privadas, que presuntamente eran sometidas a actos de extorsión por parte de la organización criminal “El ladrillo sindical del sur”, informó la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, Rosmery Mendoza Palomino.

El caso nació a raíz de las denuncias de agraviados que aportaron diversas pruebas contra los presuntos implicados en la red de extorsiones. Tras el inicio de la etapa de investigación preliminar, en febrero del 2019, con apoyo de la Policía se recabó más elementos de convicción que acreditan la existencia de la organización criminal, su modus operandi y sus alcances en las bases del Sindicato de Construcción Civil de otras provincias de Arequipa.

Mendoza Palomino, confirmó que a la fecha existen plenamente identificadas 11 empresas agraviadas que ejecutan obras públicas y privadas, e innumerables obreros sindicalizados y no sindicalizados por identificar.

Haciendo un llamado público para todo aquel que se considere agraviado del accionar de esta organización criminal, para que formulen su denuncia correspondiente, incluso de ser el caso se les recibirá con la debida codificación y resguardo de su identidad.

La fiscal explicó que la organización criminal, mediante violencia y amenaza, haciendo paralizaciones o amedrentando física y verbalmente a los trabajadores de las obras y constructoras, lograban el ingreso de sus agremiados a la obra entre un 40 y 50 por ciento, y obligan a la constructora a pagar la “cuota sindical”, a través de descuentos semanales de S/ 6.00 a todos los trabajadores, sindicalizados o no, incluso sin estos lo autorizaran.

Todo en beneficio económico indebido para la organización.
“Solo en una obra que cuente con un total de 100 trabajadores, a quienes se les descuenta S/ 6.00 semanales, por un año de ejecución de la obra, daría un ingreso mensual a la organización de S/ 2,400 y un ingreso anual de S/ 28,800, lo cual evidencia plenamente la finalidad económica de la organización”, afirmó la fiscal.

Según Mendoza, además se ha identificado la participación como colaboradores a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, funcionarios de la Gerencia de Trabajo y funcionarios de la Sunafil. También, de un brazo legal que asesora a sus miembros en los distintos procesos penales y utiliza la pantalla pública para confundir a la población, mostrando obreros explotados, pero, en realidad son hechos delincuenciales desarrollados por la organización.

DATO
En ese sentido afirmó que esos hechos investigados hasta ahora han motivado la detención preliminar de 11 personas resultado del operativo efectuado el 14 de noviembre, por lo que rechazó cualquier vinculación a otros temas con los que se pretende confundir a la población, pues en la presente investigación, serán los abogados de los imputados, los encargados de cautelar los derechos de sus patrocinados según el contenido de la carpeta fiscal correspondiente y las diligencias a desarrollarse.

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