Arequipa

Ministerio Público logró 18 meses de prisión preventiva para pedófilo

21 de marzo de 2020

Josué Ignacio Casanova Salinas, quien es investigado por el presunto delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de violación sexual de menores y pornografía infantil, pasará los próximos 18 meses en el penal de Socabaya. Y es que, el Ministerio Público logró que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata declare fundado el requerimiento prisión preventiva.

El Despacho Especializado en Delitos de Feminicidio y Violación de la Libertad Sexual de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, en audiencia que duró seis horas aproximadamente, sustentó con graves y fundados elementos de convicción dicho requerimiento.

Las pericias fonético- acústico y antropológica fueron clave en esta sustentación donde se presentaron como pruebas audios y fotografías que un medio periodístico denunció y que presuntamente vincularían a Casanova Salinas con la comisión de los delitos que se le imputan.

Al haberse declarado la Investigación Preparatoria Compleja, el fiscal provincial Wilmer Chauca Berlanga y las fiscales adjuntas Jheinmy Rodríguez Nina y María Adela Cuba Muñiz tendrán que realizar una serie de diligencias con los bienes y equipos incautados, recabar información respecto a las agendas y apuntes del investigado. La Fiscalía viene trabajando de forma coordinada con el Departamento de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú en Arequipa.

El fiscal provincial Wilmer Chauca Berlanga hizo un llamado a quienes Josué Ignacio Casanova Salinas brindó sus servicios como psicoterapeuta para colaborar con la denuncia materia de la investigación. «Es necesario que las personas que hayan recibido sus servicios como terapias o hayan dejado a sus menores con el imputado puedan reconocer e identificar las fotografías que se tienen para saber si se trata de sus hijas», enfatizó.

Asimismo, garantizó la reserva de sus declaraciones y el apoyo inmediato de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos que cuenta con un equipo multidisciplinario de apoyo a la labor fiscal.

El Ministerio Público está planteando 15 años de pena privativa de la libertad para el imputado.

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