Arequipa

Multa de US$ 90 millones por no firmar adenda 13

23 de octubre de 2019
Más problemas para Majes II.

Actualmente se viene discutiendo si se firma o no la adenda 13 con el concesionario de las obras para Majes Siguas, respecto al cambio tecnológico propuesto que asciende a 104 millones de dólares; pero existe la posibilidad que si no se firma dicha adenda, el Estado tenga que pagar un promedio de 90 millones de dólares.

La información la proporcionó el asesor regional, Edgard Alarcón Tejada, y sería derivado de los gastos y perjuicios, además del lucro cesante por el tiempo que el proyecto estuvo paralizado, que el 4 de noviembre se cumplen ya dos años en la misma situación.

“Hay muchas cosas por evaluar, qué nos conviene más como Región, qué consecuencias traerá la firma de la adenda, así como lo que ocurrirá si no se firma. Nosotros tenemos que aconsejar lo que conviene más para cautelar los recursos públicos del Estado y también para el desarrollo de Arequipa y el país”, añadió el funcionario.

Indicó que es una probabilidad que para fines de noviembre se firme la adenda, pero hay un cronograma que se tiene que cumplir porque el expediente tiene que pasar por la supervisión especial de Pro Inversión, la Contraloría, el Consejo Regional y finalmente debe quedar lista para la firma del gobernador Elmer Cáceres.

El problema, dijo, surgiría si es que no se logra resolver el pago a los comuneros afectados de Pusa Pusa, donde quedan 12 que aún no han querido llegar a acuerdos con Autodema para la compra de sus terrenos, por lo que se estaría iniciando la expropiación, que tomaría mucho tiempo más.

Alarcón señaló que si no se ha resuelto el tema, podría ser un pretexto de la concesionaria para alargar un tiempo más el reinicio de la ejecución del proyecto, por lo que se tratará de llegar a un salida amigable al tema.

Respecto a los cuestionamientos hechos al gerente de Autodema, indicó que él no ve el tema político, sino el administrativo, y se estará haciendo una reestructuración de la entidad, el que incluirá la evaluación de los funcionarios y especialistas, que si no son los adecuados se recomendará su remoción.

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