Judiciales

Niegan cese de prisión a reo por delito grave

13 de mayo de 2020
Presunto feminicida seguirá en el penal.

El investigado pidió el cese de su prisión preventiva debido al coronavirus.

El Ministerio de Justicia informó que en Perú más de 3 mil reos se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el contagio del COVID-19 en los penales, aprobándose un decreto supremo para que puedan recobrar su libertad a través de la gracia presidencial o la conversión de penas. Sin embargo, se dejó en claro que no podrán acogerse a este beneficio quienes cumplan condenas por delitos graves.

Aprovechando esta coyuntura por la posibilidad del contagio del COVID-19, el presunto feminicida, Carlos Esteban Sarmiento Zapana (49), solicitó el cese de su prisión preventiva de 9 meses que cumple en el Penal de Socabaya por la muerte de su ex esposa, Juana Gómez Villegas.

Tras analizar el caso la jueza de Investigación Preparatoria de Hunter, Liliana Morales Cutimbo, declaró improcedente el pedido de cese de prisión presentado ante la posibilidad de contagio del COVID-19.

La jueza rechazó el pedido, teniendo en cuenta que el delito de feminicidio es grave y considerando el informe del Instituto Nacional Penitenciario, donde señala que el penal de Socabaya, no existe ningún caso de COVID-19 y que los responsables están brindando el cuidado debido a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

De esta manera, Carlos Esteban Sarmiento Zapana, permanecerá con esta medida coercitiva, mientras se investiga la muerte de su ex esposa, Juana Gómez Villegas, a quien habría asfixiado y luego cortado el cuello hasta provocarle la muerte a comienzos de noviembre del año pasado en el distrito de Sachaca en presencia de su menor hijo.

En Arequipa la semana pasada 25 internos recobraron su libertad, entre ellos 24 condenados por omisión de la asistencia alimentaria que obtuvieron la conversión de su pena y una mujer que estaba interna junto a su hijo menor de edad y logró el indulto comunitario.

Otros 29 expedientes de Arequipa y Tacna fueron recabados por Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser evaluados y trasladados al Poder Judicial. 

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