Arequipa

No hay presupuesto para crear más fiscalías

5 de enero de 2020

Ministerio Público ratificó compromiso de lucha por la protección de la mujer.

Por Mariela Zuni

El 2020 será un año de retos para el Ministerio Público en Arequipa. Pese a no contar con el incremento del presupuesto que requirieron al Poder Ejecutivo, los despachos y fiscales deben asumir una mayor carga de procesos, en las áreas Penal y de Violencia Contra la Mujer.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, anunció que en el 2020 desde el Ministerio Público se dará mayor prioridad a la defensa de los derechos de las mujeres, la atención a las víctimas de violencia familiar y sexual.

“Se espera incrementar más fiscalías de violencia contra la mujer. Actualmente contamos con 10 fiscalías provinciales de violencia que no son suficientes”, dijo el magistrado.

También se ha considerado la necesidad de asignar una fiscalía de Tráfico Ilícito de Drogas para que refuerce esta área, considerando la gran demanda de casos que ingresan por dicho delito producto de las intervenciones policiales en la ciudad y carreteras.

ÁREAS CRÍTICAS

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores consideró que las Fiscalías de Violencia Contra la Mujer representan una de las áreas críticas para el Ministerio Público, entendiendo que reciben la mayor carga de procesos, pero se sigue trabajando con el mismo personal.

“Una de las áreas críticas es violencia contra la mujer. Con la modificación de la ley han ocasionado una sobrecarga en el Ministerio público. Lo que antes eran los Juzgado de paz letrado los han asignado a nosotros sin mayor presupuesto, ni personal”, expresó el magistrado.

Cabe indicar que el Ministerio Público en Arequipa ha puesto en funcionamiento 10 Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, con competencia para sancionar los feminicidios, violencia sexual y actos contra el pudor. El servicio forma parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia para sancionar la violencia contra las mujeres, creado con Decreto Legislativo 1368, con el objetivo de garantizar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes.

En tal sentido, la Fiscalía tiene un rol importante en la atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de violencia, de donde se desprende la importancia de incorporar el enfoque de género en las investigaciones en los casos de violencia de género y feminicidio. De ser el caso, solicita medidas de protección y medidas cautelares y reconocimientos médicos legales a favor de la víctima, de manera gratuita y con garantía de derechos.

El 2019 el Ministerio Público en Arequipa cerró el año con 33 mil 800 denuncias únicamente de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, casi el triple de casos que recibió en 2018.

Otra de las áreas críticas son las fiscalías penales. En 2019 cerraron con 85 mil 541 denuncias incorporadas solo en esa materia. La comisión de delitos penales es constante y sobrecarga la labor de los fiscales.

En el distrito fiscal Arequipa trabajan 271 fiscales, “lo ideal sería el doble, por lo menos unos 600 fiscales”, pero pese a las solicitudes para el incremento del presupuesto el Gobierno nacional no ha dado respuesta.
El magistrado insistirá en que este 2020 se incorpore nuevas fiscalías especializadas. “No escatimamos en solicitar que se incrementen más fiscales, solo en penal han ingresado 85 mil 541 denuncias y violencia 33 mil”.

RESPALDO A FISCALES

El 10 de diciembre los fiscales y jueces se declararon en sesión permanente, que significó dejar sus despachos y por consecuencia la suspensión de diligencias y audiencias, salvo las urgentes e impostergables.

Los magistrados de ambos operadores de justicia reclaman la homologación de sus sueldos como dispone la Ley 30125. La norma dispone que los sueldos de fiscales superiores, provinciales y adjuntos, al igual que de los jueces superiores, especializados o mixtos y de paz letrados, deben equivaler, según en rango, al 80%, 62% y 40% de lo que ganan los magistrados supremos (entre 34 mil y 42 mil soles mensuales).

Franklin Tomy López, ha ratificado su apoyo a la protesta por la mejora remunerativa de los fiscales arequipeños, a pesar de los cuestionamientos.
“Hay una protesta justificada y el Ministerio Publico está evitando entorpecer las audiencias”, expresó.

La acción de protesta ha generado que los fiscales dejen de tomar declaraciones y que participen en las audiencias que han sido reprogramadas por los jueces. No obstante, no se suspendido la atención en las fiscalías de turno y los casos urgentes.

Los magistrados se han comprometido a asumir estrategias para recuperar las acciones suspendidas. Incluso evaluarán restringir sus vacaciones de febrero para recuperar el embalse de audiencias.

El fiscal superior también dio su completo respaldo a la labor que cumplen sus magistrados y cuestionó la actuación de algunos magistrados, evaluándose las quejas respectivas respecto a algunas resoluciones.
En el caso el Ladrillo Sindical del Sur, investigado por la fiscal Rosmery Mendoza, Tomy López, opinó que el juez de primera instancia (José Luis Vilca Conde) no ha valorado de manera adecuada y completa los elementos de convicción de la fiscal en su momento. “Respetamos las resoluciones judiciales, pero no las compartimos”, dijo.

Acotó que la fiscal Mendoza, cuenta con todo su respaldo, y juez que el juez entorpeció la labor de fiscal, por ello evaluará una queja.

RESULTADOS

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tuvo un arduo trabajo el 2019 con intervenciones que dejaron al descubierto casos de corrupción como el último que involucra al subprefecto de Mariano Melgar, Humberto Lazo Alfonso, sentenciado por el delito de Cohecho Pasivo Impropio al solicitar dinero por el otorgamiento de garantías personales.

La misma fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga el presunto delito de Peculado por la apropiación de combustible de vehículos de la Municipalidad Distrital de Cayma. También, intervino el Hospital del Ejército en Arequipa ubicado en el distrito de Mariano Melgar por presuntas irregularidades en la compra de mobiliario y equipos.
El Ministerio Público también obtuvo 6 años de prisión para el alcalde Omar Candia Aguilar, exfuncionarios y empresarios por el delito de colusión en la implementación de cámaras de seguridad en el distrito de Alto Selva Alegre.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa a cargo de la Fiscal Provincial Marita Cueva Ojeda, solicitó la detención para 15 investigados en el caso Correcaminos II, que investiga a una presunta organización criminal en Gerencia Regional de Transportes de Arequipa con el fin de cobrar cupos a los empresarios y propietarios de minivanes.

Se lanzó la Estrategia 360° para la detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio. Además, de la instalación de la Mesa de Coordinación Insterinstitucional con los operadores de justicia, representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Gobierno Regional.

Se capacitó a 200 escolares de cuatro instituciones educativas en el Programa de Fiscalías Escolares, donde los menores fueron formados en la cultura de prevención del delito que permitan reducir las conductas ilícitas.
En su balance de acciones del 2019 el fiscal superior Franklin Tomy afirmó que “a pesar de las limitaciones de logística hemos salido adelante”.

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