Columna

¿Pena de Muerte para los violadores? Obvio, Sacerdotes también

12 de marzo de 2020
Foto: América Noticias

Por: Lucas Z. Granda

La pertenencia de la vida es individual, propia de cada ser humano, alejada ferozmente de la idea que la vida le pertenece a una deidad divina, que debemos estar agradecidos por despertar cada día a un ente, bueno no daremos la otra mejilla aquí. La vida es un derecho ciudadano en pleno siglo XXI, por la evolución de la humanidad y el conocimiento de la sociedad, en base a luchas, protestas y reivindicaciones colectivas, significando una ciudadanía critica de la realidad y no un rebaño de ovejas que siguen a un pastor.

La “pena de muerte” es un debate contemporáneo, histórico, populista y que está en la opinión pública, actualmente presente por los casos de violación a menores de edad en nuestro país. Centrando la reflexión en los 5140 casos a menores víctimas de violación sexual en el 2019, y solo en enero del 2020 se registraron por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 464 casos de violación sexual a menores de edad, como el caso de la niña Camila de 4 años que fue ultrajada y asesinada en el distrito de Independencia en Lima Metropolitana. 

La pena de muerte lleva el nombre de todas y todos los violadores en el Perú, diciendo la ciudadanía a viva voz que no es suficiente el encierro, no es suficiente 35 años de privación de la libertad, el dolor de perder un ser querido y un familiar, no tendrá compensación justa en un Estado democrático ni en la vida que tienen que caminar.

Entonces responde el presidente Martín Vizcarra: “estamos evaluando la pena de muerte”, haciendo una referencia a los casos de violación contra menores de edad, asesinatos, entre otros, personificando la acostumbrada indignación popular, y es aquí donde podemos ver que no solo es subirse a la ola, en momento de crisis, sino saber cuándo parar, para establecer el orden y hacer pedagogía pública, resguardando el derechos de todas y todos los peruanos. Patinaste otra vez y sin congreso aún.

Porque es cierto que se tiene una generalización del rompimiento del Estado de derecho, transgrediendo las leyes por personas que no encuentran lugar en la sociedad, viendo el crimen y la violación como la cotidianidad de un oficio, haciéndose acreedores a los peores castigos, manifestados y realizados por la ciudadanía. Claro ejemplo son las rondas campesinas en Cajamarca y Puno, donde a los abigeos los queman vivos en los postes de alumbrado público, se les hace caminar desnudos a plena luz del día por todo el pueblo, se les azota en las plazas de las villas, y todo como muestra de rechazo a las actitudes transgresoras de las normas comunales y de convivencia entre iguales. Ósea la pena de muerte inconstitucionalmente es inviable, y para los demócratas y protectores del derecho humanos, como el derecho a la vida, es innegociable, pero en la informalidad y la ausencia del Estado peruano se practica la pena de muerte como sanción popular.

El otro extremo es la anarquía, que no puede apoderarse de nuestro sentido de comunidad, responsabilidad ciudadana, respeto a las normas y sobre todo a la vida. Pero en el supuesto que nos salgamos del Pacto de San José, realizando las reformas pertinentes a nuestra constitución política y sistema de justicia, ¿funcionaria para reducir la violencia y las violaciones a mujeres, niños, niñas y adolescentes?  Sobre todo si tenemos los jueces y fiscales que determinarían la pena de muerte en relación a la magnitud del crimen (los famosos hermanitos), ¿confiamos en nuestro sistema de justicia?, con una justicia equitativa, sin considerar estratos socioeconómicos para aplicar la pena. ¿Mejoraría el actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP)?, estando actualmente desmotivada, encontrando organizaciones corruptas que delinquen dentro de la institución, sin respaldo institucional ni de cuadros honestos e íntegros en su centro de trabajo, lograrían mejorar sus intervenciones para atacar la problemática, que de paso es integral y compleja. Son muchos los cabos sueltos que deja una medida extrema e improvisada.

En relación a la pena de muerte hay instituciones supranacionales que han debatido, regulado y polemizado sobre el tema, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Alegando en líneas generales su visión por erradicar esta pena de los sistemas de justicia de cada país adscrito, estableciendo algunos parámetros: en caso de guerra comunicada al inicio y al cierre, si es válida la pena de muerte; no a menores de edad, personas mayores de 70 años, tampoco a madres gestantes ni por delitos políticos; nadie puede ser arrebatado de su vida arbitrariamente, sin un debido proceso, teniendo el derecho de pedir clemencia, amnistía o conmutación; y no se restablecerá la pena de muerte a los países que la han abolido. Todo esto manifestado en la Convención Americana sobre Derechos humanos 08 septiembre de 1983 – CIDH.

Por citar un caso de mal uso de la pena de muerte manifestado por la CIDH. El Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr.56: por ser el actor directo de un secuestro a una menor de edad, comprobándose en un juzgado el plagio como autores directos, fue condenado a pena de muerte.

Ahora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene una visión diferente, proponiendo su erradicación gradualmente, con restricción, pero con uso legal de la pena. Priorizando la naturaleza de la acusación, evitando tener una pena automática, fría y mecánica, sino enfocarse en la gravedad intrínseca del crimen perpetrado. Quiere decir, una pena de muerte legal, pero con razones de justicia. Concluyendo, que se debe evitar el “fenómeno del corredor de la muerte”, siendo el tiempo que se demoraban en darle viabilidad a la pena. Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo en el Perú, no cataloga a la muerte como pena, porque no es una reinserción a la sociedad, sino es la muerte del individuo, lo cual degenera nuestros valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.

Manifestando mi opinión para concluir que no hay derecho para poder quitar la vida, y si es el motivo actual la violación a menores de edad, es una problemática más grande que una pena de muerte. Y si hay cosas que analizar aún, no veamos solo a los estratos más pobres y barrios urbano marginales de las ciudades y ciudades intermedias, sino giremos también la cabeza y miremos todos los casos de pedofilia que durante décadas los sacerdotes, diáconos, obispos y cardenales han perpetrado la intimidad de nuestros hijos, hijas, sobrinas, hermanas, hermanos y ciudadanos en general, haciendo uso su poder clerical, la confianza familiar y en nombre de una deidad, solo es necesario que revises periodismo de investigación, algunas películas como Spotligh (En Primera Plana – Latinoamérica), o puedas viajar a la sierra profunda y converses con los ancianos para que te expliquen que no solo hay violadores de asfalto sino también de habito y sotana los domingos.

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