Arequipa

Penas benignas o la alternativa para reducir la criminalidad

16 de febrero de 2020

En una comunidad donde se exigen penas más drásticas para los que delinquen, la política de gobierno y los operadores de justicia optan por condenas alternativas, no limitativas de la libertad. Factores como el hacinamiento de los penales y la contaminación criminógena impulsan que faltas y delitos leves se paguen construyendo y limpiando la ciudad.

Por: Mariela Zuni Mollosihue
Fotos: Jorge Esquivel Z.


Por décadas el sistema penal contempló a la cárcel como el único método para reprimir el delito. Esto llevó al crecimiento exponencial de la población penitenciaria que rebosa, caso Arequipa donde el número de internos cuadriplica actualmente la capacidad máxima del penal de Socabaya.

Esta situación, común en el Perú, hizo necesaria la regulación de las penas alternativas, que, si bien se aplicaban en reducido número de casos, en 2019 ha mostrado el pico más alto de sentenciados a trabajos comunitarios y liberados con beneficios.

En 2013 se contaban con los dedos los sentenciados a pena convertida, eran entre 21 a 25 al año, cifra ínfima a la registrada al cierre de 2019 con 1922 condenados a trabajar para resarcir sus errores.

Pese a haber obtenido la benevolencia de la justicia el 58% de condenados a servicio comunitario no cumple con subsanar sus errores. Realidad que debe ser abordada por los operadores de justicia.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En 1991 el Código Penal contempla las penas limitativas de derechos en sus modalidades de prestación de servicios a la comunidad, la limitativa de días libres e inhabilitación, aplicadas en sustitución de la pena privativa de libertad, cuando la condena no era superior a tres años.

Con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en octubre de 2008, estas sentencias y beneficios penitenciarios fueron incrementándose. Ahora el juez dicta la medida alternativa cuando la sanción sustituida no supera los cuatro años.

En 2016 se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1191 que regula la ejecución de las penas de prestación de servicio a la comunidad, que están orientadas a que el condenado preste servicios gratuitos en favor de la colectividad, retribuyendo el daño causado, con su trabajo como medio rehabilitador en sí mismo.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el ente ejecutor de la sentencia del juez a través de la Dirección de Medio Libre. Su trabajo inicia cuando es notificado de la pena de prestación de servicios a la comunidad, así también el juzgado debe notificar al sentenciado para que asista al Medio Libre, donde será evaluado y tamizado para ubicarlo en una Unidad Beneficiaria.

SENTENCIAS

La ley confiere al juez la facultad de sancionar con pena convertida de trabajos comunitarios hasta un máximo de 208 jornadas, que remplazan a cuatro años de pena. Cada jornada significa 10 horas de trabajo, precisa la directora regional del INPE, Roxana Sonco Manchego.

El Medio Libre en coordinación con las Unidades Beneficiarias, que son las instituciones donde prestará servicio el sentenciado, deben controlar el cumplimiento de la pena. Es así que en 4 años la persona debe entregar a la sociedad 2 mil 800 horas de trabajo no remunerado, unas 40 horas al mes.

La población actual en Medio Libre está integrada por los liberados y los sentenciados. Los primeros son exreclusos que obtuvieron benéficos penitenciarios por trabajo o estudio, y que terminan su condena en libertad integrándose a programas de capacitación. Los segundos son los que cumplen sentencia a trabajos comunitarios directamente, sin pisar un penal.

DELITOS

Roxana Sonco explica que de acuerdo al Código Penal las personas condenadas a menos de 4 años de cárcel y que no cuentan con antecedentes penales realizan el trabajo en beneficio a la comunidad.

Las infracciones sancionadas con esta medida suelen ser “leves”, relacionadas a delitos contra el patrimonio (robo, hurto), conducción en estado de ebriedad, omisión a la asistencia familiar, contra la libertad sexual (tocamientos), violencia familiar y lesiones.

OMISOS A LA LEY

Pese a haber obtenido la benevolencia de la justicia con la conversión de la pena efectiva a la de servicios a la comunidad, el 58% de condenados no cumple con subsanar sus errores y reinventarse con la comunidad.

Hasta el cierre del 2019 se tiene un acumulado de 1922 sentenciados a Medio Libre, de estos 1118 (58 %) están omisos a la ley, es decir no se presentaron a cumplir su sentencia o abandonaron a mitad del camino. Todos están en riesgo de ir a prisión, al revocárseles la pena a prisión efectiva.

Juana Chávez de Sarmiento, directora del establecimiento penitenciario Medio Libre Yanahuara, informó que el desacato de la sentencia se comunica al Poder Judicial. En este caso, ese 58% de sentenciados puede ser enviado a prisión por omisión de su responsabilidad.

El otro 42 % que cumple, es decir 804 sentenciados, realiza tareas de mantenimiento y limpieza, apoyo a enfermos y ancianos, labores administrativas, como servicios comunitarios más habituales.

En Arequipa las Unidades Beneficiarias son hospitales, instituciones educativas (14), municipalidades (49), instituciones religiosas, otros. Lugares donde se distribuye a la población de Medio Libre, para que cumpla sus horas de trabajo, de acuerdo a su perfil y tamizaje del delito por el cual fueron sentenciados.

Sobre los omisos, la directora regional del INPE, ha solicitado una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlo Magno Cornejo Palomino, para conocer el estado actual de los expedientes de los reportados en abandono o que nunca se presentaron a cumplir sus sentencias en medio libre. Ello con la finalidad de despejar esta sensación de impunidad de los condenados a penas alternativas a la cárcel.

Se conoce que el 26 de enero, día de las elecciones congresales, cinco de estos omisos, fueron capturados a la salida de los locales de votación, ya que tenían orden de captura dictada por los juzgados.

LA CUADRILLA

Desde el 2019 el Medio Libre Yanahuara creó la Cuadrilla de Limpieza, una alternativa para aquellos sentenciados que solo pueden cumplir la pena los fines de semana. Ellos realizan jornadas de mantenimiento y barrido de calles o ambientes públicos todos los sábados desde el mes de enero a noviembre, y en diciembre los días viernes y sábado. Favoreciendo a 92 Unidades Beneficiarias a nivel regional. Lo conforman 35 personas entre liberados y sentenciados. El año pasado realizaron 56 campañas a cargo de la Cuadrilla de Limpieza.

Este fin de semana estuvieron en el distrito de Mariano Melgar, donde limpiaron postes y muros empapelados con la propaganda política reciente. Como dicho municipio otros también solicitan la mano de obra gratuita de los condenados.

Juana Chávez manifiesta que son ellos los que muestran los cambios positivos de conducta después de haber cometido faltas o delitos que ahora quieren reparar construyendo y limpiando la ciudad. Cada uno con su propia historia.

Jóvenes desde los 20 años, hasta adultos mayores de 78 años, deben responder a la comunidad por los delitos que cometieron.

Así, ni Marcos Hinojosa Requena, exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, podrá librarse de la sentencia de 104 jornadas de trabajo comunitario por el delito de Peculado. Una vez sea notificado, deberá presentarse en la oficina de Medio Libre en Yanahuara, para que dispongan el lugar y la tarea que realizará.

ANÁLISIS
Roxana Sonco, con varios años de experiencia en el sistema penitenciario, cree que las penas alternativas son positivas, ya que finamente el sentenciado paga a la ciudadanía el error que cometió, y ello es visible. Asimismo, ayuda en gran medida a reducir el hacinamiento en los penales, donde actualmente 347 internos están procesados sin sentencia y luego podrían salir con comparecencia, pero el gasto que se hizo en ellos ya no se recuperará.

El INPE destina un promedio de 42 soles por día en cada interno, sentenciado o procesado, este gasto podría reducirse, dice la directora, si los procesados cumplirían trabajos comunitarios en medio libre hasta la espera de sus sentencias. “Aliviaría de manera considerable el hacinamiento”, dijo.

CONTAMINACIÓN CRIMINÓGENA

Por su parte, Juana Chávez resaltó la importancia del trabajo de los jueces de dar mayor relevancia al medio libre, donde no hay contaminación criminógena, como se dan al interior de los penales.

Cuando el interno llega a un penal no siempre se tiene una segregación adecuada según su peligrosidad, ello debido principalmente al tema de hacinamiento, por ello, reos primarios y ranqueados se mezclan, produciéndose la contaminación criminógena, un riesgo alto del entorno que puede forzar al recluso a cometer más delitos.

En cambio, en el medio libre los que cometieron un delito o falta por primera vez pueden desarrollar su trabajo y tratamiento de manera más eficaz para su recuperación. Caso de los omisos a la asistencia alimentaria.

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