Arequipa

Piden cadena perpetua para funcionarios públicos corruptos

11 de diciembre de 2019
Mario Zúñiga, parlamentario.

El parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez planteó modificar el Código Penal para castigar con cadena perpetua a los funcionarios públicos, llámese presidentes, ministros, congresistas, presidentes regionales, alcaldes, jueces y fiscales, entre otros, sentenciados por hechos de corrupción que acarreen un perjuicio económico para el Estado superior al medio millón de soles.

“En nuestro país los feminicidas, los secuestradores y los sicarios pueden ser condenados a cadena perpetua  si han cometido delitos con agravantes tipificados. Esta misma  pena deben recibir los funcionarios públicos comprometidos en actos de corrupción con agravantes como el rango y el monto económico de afección para el Estado”, dijo Zúñiga.

Refirió, por ejemplo, que si son funcionarios de alto nivel como los antes mencionados, si el monto de lo malversado o sobornos recibidos superan el medio millón de soles, si en sus ilícitos están inmersos presupuestos para la salud pública, educación o alimentación para los pobres, deben recibir cadena perpetua.

Indicó que de acuerdo a cifras de la Contraloría General de la República, el país  pierde más de 5 mil millones de dólares anuales por la corrupción, suma que podría utilizarse en la creación de más colegios y  hospitales, y mejorar la seguridad ciudadana.

“No nos parece suficiente la muerte civil perpetua, para  aquellos  funcionarios públicos condenados   por delitos contra la administración pública. Este país en donde la corrupción es sistemática y emana de las más altas esferas públicas del poder, se debe actuar con mano dura sino todo seguirá igual. Con sanciones duras y ejemplares, los malos funcionarios antes de robar lo  pensarán dos veces”, concluyó el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez.

Según datos del  INPE, en el año 2017  la cifra de presos por corrupción alcanzó el 0,71 % del total de la población penitenciaria. Varios expresidentes, ex primeros ministros, jueces, fiscales, tienen procesos abiertos por hechos delictivos. 

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