Arequipa

Prefiero tus críticas que tus cuetes

5 de mayo de 2020
Foto: AP

Por Lucas Z. Granda

                 ¿Qué hubiera pasado si en las elecciones generales de mayo del 2016, justo en la segunda vuelta ganaba Keiko Fujimori para ocupar la presidencia de la República del Perú? Nos hemos detenido a ver en retrospectiva como se hubiera convertido el escenario político, económico y social del Perú. Tal vez si Verónica Mendoza no salía en un post manifestando su apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski, tampoco se hubiera logrado evitar que la señora K llegue a ocupar el cargo con mayor poder político en el país. Entonces son un conjunto de hechos que no se hubieran vivido con la misma intensidad hasta la pandemia actual que estamos atravesando. Y es este enfoque de mirar atrás para analizar el presente que vamos a plasmar aquí, siendo necesario involucrar una mirada crítica constructiva (apelando a la mirada que nos deja de bueno el COVID-19), reconociendo las acciones eficientes y rechazando las medidas populista de bajo impacto en la problemática real. Poniendo la atingencia que no se realizara una línea de tiempo desde el inicio del gobierno hasta hoy, sino dividir el análisis en tres coyunturas que se interrelacionan: la gobernanza política, la corrupción y la situación del sistema penitenciario.

                Empezaremos por lo último. El sistema penitenciario tiene problemas estructurales, ahora que la población y la opinión pública lo perciba de manera presente a consecuencia de la cobertura de los medios de comunicación estas dos últimas semanas, porque la realidad de este sector muchas veces invisible para el Estado tiene problemas como: la sobrepoblación penitenciaria en las cárceles del país, alta tasa de reincidentes, hacinamiento carcelario, sobre-criminalización, bajos sueldos del personal del INPE, el bloqueo de los sistemas de celulares, la pena privativa de la libertad temporal y perpetua, entre otros.

                De manera particular entra aquí el tema de la corrupción en el país, han sido menos de 50 indultos humanitarias a mujeres con hijos y embarazas que el gobierno ha dado para alivianar la carga de hacinamiento en los penales, medida con poco impacto, más aun para las 30 mil personas que tienen prisión preventiva y siguen esperando para que traten su caso jurídico. Claro, pero hay privilegiadas que las atienden primero, como Susana Villarán y Keiko Fujimori. ¿Se hubiera apresado a la presidenta Keiko Fujimori? ¿Se hubieran revelado los millonarios aportes de campaña del 2011 y 2016 por las empresas privadas? ¿Se hubiera logrado cerrar el congreso obstruccionista de 73 “congresistas”, hablando en hipotético, abarcando al ejecutivo y legislativo (porque el poder judicial con el Consejo Nacional de la Magistratura ya estaba ganado)? Dándonos cuenta, se ha derribado al imperio totalizador mejor montado después del decenio de Alberto Fujimori, prácticamente el regreso al poder de la dinastía Fujimori, pero este triunfo aun inconcluso, no le pertenece a un gobierno o a un sistema de justicia reformado, sino a las sociedad civil organizada y a personas que teniendo el poder lo utilizaron para hacer lo correcto, a pesar del costo político y económico.

                Ahora con la pandemia del COVID-19, están sucediendo motines en todas las cárceles del país, obligados por el temor de contraer el virus, ante ello el presidente Vizcarra respondió: “este gobierno no va a dejar en libertad a asesinos, violadores y corruptos”, una declaración que muchos estamos de acuerdo, pero hay que considerar que este es el último sector en poder tener instrumentos para fortalecer e implementar los protocolos de prevención e higiene en los penales, tampoco se dispone pruebas rápidas (serológicas) ni las moleculares que permita separar a las personas que portan el virus de las que están sanas, sin mascarillas y con el personal del INPE renunciando no se avizora mejora.

                Sabiendo que el objetico de las cárceles es el tratamiento de los internos en poder resocializar, rehabilitar y readaptarlos a la sociedad, estas son espacios donde prima la violencia, la promiscuidad entre internos, la inmoralidad en los administradores penitenciarios, siendo problemas enraizados y normalizados por todo el aparato gubernamental y el pueblo mismo. ¿Entonces dejamos que se infecte la población penitenciaria, dejándolas y dejándolos a su suerte? Bueno, ese ha sido el debate en las redes sociales, ¿deberían salir de las cárceles los reclusos? ¿Qué nos garantiza que no robaran o harán fechorías en esta crisis sanitaria? ¿Dónde quedaron los derechos humanos de las personas violadas, asesinadas y perjudicadas por los delitos cometidos, por estas personas que están pidiendo auxilio hoy en los penales?

                Infinidad de dudas, interrogantes y respuestas que la ciudadanía ha manifestado exigiendo que no liberen a nadie sin importar su condición, es legítimo, aquellos ciudadanos y ciudadanas deben ser escuchados porque tiene derecho a opinar y disponen de su libertad. Sentando una posición, y apelando al proceso de socialización que hemos tenido a través de la historia, hemos incluido a los derechos humanos como reguladores de la convivencia en democracia, aceptando este modelo con sus particularidades: justicias e injusticias, regulados por una constitución, permitiendo elecciones democráticas y no modelos autoritarias, pero sobre todo apreciando la vida y la dignidad humana como fin último, no podemos hablar por las personas que murieron a causa de un acto delictivo ni tampoco manejar argumento de defensa para las personas que cometieron estos hechos, pero el desarrollo de nuestra civilización nos inclina a tener compasión, respeto por la vida, el cumplimiento de penas y dotar de las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida carcelaria. Opiniones como: ¡Que se mueran a quien le afecta! ¡Están allí por algo, no tienen valor! ¡la muerte será como un descanso para ellos!, miles de personas que no sabemos cada caso de las y los reclusos, pero adelantamos opinión, claro, es un país libre, pero no somos la sociedad que hemos construido.

                Concluyendo con el tema de la gobernabilidad del país. Vizcarra está orientando su gobierno como el que afronta las épocas de crisis, teniendo asidero político y respaldo general en la ciudadanía, cualquier problema social que surge lo redirección a la sociedad sin que se perjudique su gobierno, claro siempre hay patinadas poco perceptibles. El mayor realce que se ha tenido desde el 16 de marzo hasta hoy, en pleno aislamiento social obligatorio, es opacar la capacidad de respuesta de los gobernadores y alcaldes a nivel nacional, patinando estos con las restricciones tomadas en la adecuación de mercados itinerantes, restringir el ingreso a las plataformas de abastecimiento, y prohibir el transporte público, entendiendo tarde, que las restricciones no educan, menos en los espacios públicos a la ciudadanía, siendo estas medidas de los gobiernos locales y regionales que generará mayor aglomeración, hasta podríamos aseverar que los cargos públicos-políticos que ocupan alcaldes y gobernadores hoy no están asegurados por un proceso de revocatoria.

                ¿Cuál es el mensaje que se analiza? Vizcarra da un encargo implícito, que está siendo interiorizado por la ciudadanía, no hay liderazgo posible ahora en el Perú que el suyo, peligro mensaje si se cree férreamente, porque hemos tenido momentos populistas del presidente Vizcarra, lo cual nos dice que sabe manejar percepciones del pueblo. Y aun con su postura de no postular en el 2021, es una respuesta política,  asechando las elecciones generales rumbo al bicentenario el próximo año.

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