Arequipa

Quince casos de defraudación tributaria se ventilan en la Corte

5 de marzo de 2015
Quince casos de defraudación tributaria se ventilan en la Corte
En la Corte Superior de Justicia de Arequipa actualmente se ventilan 15 casos de defraudación tributaria en perjuicio de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
 Además existe un caso con sentencia consentida y otra sentencia que está en casación (apelación) en la Corte Suprema de Lima. 
El delito se configura porque amparados en argucias los empresarios no pagan los impuestos que les correspondería al Estado. La modalidad más empleada es el uso de comprobantes de pago falsos para sustentar operaciones no reales y disminuir el pago de las obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR).
El 2013 fueron sentenciados a nueve años de cárcel tres “proveedores” de facturas: Víctor Medina Ortiz, Carlos Muñoz Espejo, y Víctor Díaz Torres, por el delito de defraudación tributaria. Proporcionaban a las empresas facturas por operaciones inexistentes, para que se beneficien con un crédito fiscal.
Mientras el 2011, por el caso de la Villa Médica fueron sentenciados a tres años y seis meses de prisión efectiva el excontador de la asociación, Álvaro Arenas Abarca. Afrontaron penas suspendidas los empresarios Óscar Delgado, Víctor Ordóñez, Ángel Minaya, Juan Carlos Chirinos y Edin López.  Fueron procesados por la venta de facturas de la asociación a constructoras, por servicios que no prestaba en el periodo 1997-1999. Fue absuelto del proceso el alcalde, Alfredo Zegarra.
CASO FRANCO
Hoy a las 16:00 horas, será la lectura de fallo de otro caso de defraudación tributaria seguido en contra del gerente  de Supermercados Franco, Franco Obregón.
Es acusado al haber falsificado facturas y evadido impuestos del periodo de 2002. El perjuicio se habría ocasionado por la suma de 300 mil soles, cantidad que se elevó a 2 millones de soles considerando los intereses generados en los años transcurridos. La Fiscalía pide 8 años de prisión y una reparación civil que supera los 2 millones de soles.
 
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