Arequipa

Retos y desafíos de la Sunedu

21 de abril de 2015
Retos y desafíos de la Sunedu
Humberto Moreno Brito 
Abogado-Catedrático
 
La promulgación de la nueva Ley Universitaria (Ley Nº 30220) ha sido como lanzar un salvavidas a la educación universitaria en el Perú porque, en los últimos años, no cumplía el rol que todos esperábamos por el bien de nuestros hijos y los sacrificados padres de familia. Con esta norma ahora se busca que los claustros universitarios se adecúen a los estándares básicos de calidad, y aquellos que no los cumplan, enfrentarán la posibilidad de ser cerrados definitivamente.
 
Los especialistas en educación están de acuerdo con que se mejore a como dé lugar la instrucción universitaria para tener profesionales de nivel y aporten con sus conocimientos al desarrollo de nuestra patria, transitando por la vía de la competitividad a la par de países vecinos con crecimiento económico sostenido como Chile y Colombia.
 
El país enfrentó una bomba de tiempo cuando se otorgaron licencias provisionales de funcionamiento a través de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y su Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades (Conafu) a más de 70 universidades particulares en los últimos ocho años. Con la vigencia de la nueva disposición, esas instituciones podrían ser cerradas si no cumplen con los plazos que el marco legal les ha trazado.
 
En ese sentido, la hoy flamante Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se ve en la necesidad de exigirles el cumplimiento de principios básicos para no afectar a miles de jóvenes que esperar acceder a una educación competitiva y de calidad de acuerdo con los estándares de certificación internacional.
 
Lamentablemente, todavía hay un sector de actores interesados que están en contra de la Sunedu, provenientes de la desactivada ANR, organismo que por más de 30 años ha sido el amo y señor del manejo, control y fiscalización de la educación superior universitaria con las deficiencias, atrasos y oscurantismos ya conocidos. Ese rechazo revela que no desean la cautela de la educación universitaria, acción que la desaparecida ANR nunca cumplió.
 
Incluso en estos días, desde el Congreso, se quiere impulsar la reestructuración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por un plazo de 12 meses y el cese de funciones de todas las autoridades académicas y administrativas, incluido su rector, debido a los malos manejos internos.
 
A ello se suma que varias de las 70 universidades con licencias provisionales, otorgadas por la ANR, han demostrado una clamorosa incapacidad de brindar una educación superior de calidad, con un alto porcentaje de alumnos repitentes, un pobrísimo nivel académico que se revela en las asignaciones llenas de faltas ortográficas o con una carencia absoluta de análisis e investigación.
 
Lamentablemente, ese panorama se presenta con mucha regularidad en las universidades de reciente creación. Lo preocupante es que son instituciones que captan alumnado de la emergente clase media, que requiere precisamente de una instrucción de calidad a fin de contar con profesionales capaces de enfrentar los retos de un mundo cada vez más globalizado y competitivo. En muchos casos ni siquiera ofrecen, por ejemplo, cursos de inglés, herramienta indispensable para los retos del futuro.
 
Todo esto es producto de la actuación irregular de los exmiembros de la desactivada ANR. Los ciudadanos de a pie nos preguntamos, ¿qué impunidad tiene ahora esta llamada Asociación de Rectores que no desea adecuarse a las exigencias de la nueva Ley Universitaria? Es necesario alertar que de no cumplir con la norma, sus representadas serán candidatas a ser cerradas tarde o temprano.
 
Queda claro que los cambios en el nivel universitario han empezado con la Sunedu. Algunas voces han vislumbrado que no será fácil regular el complicado servicio universitario porque existen personas e instituciones en contra de la ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, quienes rechazan la reforma enfrentarán el anhelo de millones de peruanos que desean una educación superior de calidad.
 
Los peruanos queremos que el Estado cuente con nuevos profesionales, competitivos y de calificación A1, de acuerdo con las necesidades de la empresa moderna y la sociedad, promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.
 
 
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