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Sentenciados en primera instancia podrían postular al 2021

9 de septiembre de 2020

Aparenta ser una de las propuestas mejor encaminadas en el marco de la reforma política. Ya obtuvo una votación favorable en el Pleno del Congreso, pero su concreción como ley aún sigue pendiente. Nos referimos al proyecto que propone impedir que personas condenadas en primera instancia por delito doloso postulen a cargos de elección popular. Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere de una segunda aprobación en la vigente legislatura.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que cualquier modificación a normas de impacto electoral debe aprobarse un año antes para su implementación en los comicios más próximos. Sin embargo, el propio Congreso fijó una excepción mediante la Ley N.º 31010, publicada en el diario El Peruano el 27 de marzo. Se trata de una disposición transitoria que permite la aplicación inmediata de reformas siempre que estas hayan sido aprobadas hasta el 28 de septiembre de 2020. No obstante, dicho plazo extraordinario ya está por vencer y varias de las propuestas continúan en cola. Entre ellas, la del impedimento para candidatear.

En este informe, revisamos el fondo de la propuesta y los tiempos que corren sobre ella.

¿Qué se propone cambiar en la Constitución?

Actualmente, la Constitución Política del Perú no prohíbe la postulación de personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso (es decir, delito intencional). Desde la promulgación de la Ley Nº 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones en enero de 2018, este impedimento solo aplica si la persona tiene una sentencia “consentida o ejecutoriada”; que -en términos más exactos- es aquella emitida en segunda instancia por el Poder Judicial.

A fin de reajustar esta regla y darle soporte constitucional, existe la iniciativa de reforma que estamos mencionando. De acuerdo con su texto, aprobado el 5 de julio en la pasada legislatura, lo que se pretende hacer es incluir dos nuevos artículos a la Constitución: el 34-A y el 39-A. En el primero, se especificaría que las personas sentenciadas en primera instancia -como autoras o cómplices- por un delito doloso, no podrían entrar en carrera a un cargo de elección popular. En el segundo, por su parte, se extiende este impedimento a personas que aspiren a trabajar en el Estado o que sean consideradas para puestos de confianza.

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