Policiales

Sentencian a 4 años de pena efectiva a teniente de la Policía

15 de octubre de 2020

El juez unipersonal supraprovincial para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Max Vengoa Valdeiglesias, sentenció a 4 años de pena privativa de la libertad efectiva para el teniente PNP, Juan Castro Cuba, por la comisión del delito de cohecho pasivo propio.

En juicio oral de proceso inmediato que se desarrolló de manera virtual en contra del teniente PNP Juan Castro, se dictó además 10 años de inhabilitación y el pago de una reparación de 8 mil 500 soles. Además, se emitió las órdenes de captura inmediatas para su reclusión en el penal de Socabaya.

El magistrado, no aceptó la conversión de la condena a prestación de servicios comunitarios, considerando que el oficial, no sólo vulneró el cumplimiento de una de sus funciones, sino que lo hizo en medio de una emergencia sanitaria; poniendo en riesgo a la población al permitir la evasión de las disposiciones prohibitivas y de control.

El juez argumentó que la conducta del sentenciado no es razonable por cuanto tiene un nivel de instrucción alto, tenía pleno conocimiento del ilícito que cometía y cuenta con un empleo que lo desvincula de cualquier estado de vulnerabilidad.

El juez Max Vengoa Valdiglesias, aprobó el acuerdo de conclusión anticipado propuesto por el Ministro Público y la defensa a partir de la confesión sincera del teniente Castro Cuba; sin embargo, no fue suficiente para lograr una pena alternativa de jornadas comunitarias de trabajo, al ser el cohecho un delito grave.

En primera instancia el oficial fue sentencia a 208 jornadas laborables, luego de que la Fiscalía solicitara la conversión de la pena efectiva que le correspondía por el confeso delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función, al haber pedido dinero al dueño de un gimnasio a cambio de no llamar a la municipalidad para que cierre el local y le imponga una multa.

La investigación se inició en atención a una denuncia presentada por el dueño de un gimnasio en el distrito de Cerro Colorado, al indicar que el 17 de setiembre del año en curso, un grupo de policías ingresó a su gimnasio y al ser llevado a la Comisaría de Zamácola, el imputado le solicitó 2 mil soles, pero al final el dueño del local entregó 500 soles, comprometiéndose a pagar el resto. Luego denunció el hecho y el oficial fue detenido por orden judicial.

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