Arequipa

Unas 300 mujeres denunciaron que fueron obligadas a abortar

20 de noviembre de 2018

Obligan a abortar a 300 mujeres según representante del Centro de Emergencia Mujer, mientras que PNP investiga 10 casos.

La llegada de un hijo supone la alegría en el hogar. Sin embargo no muchas parejas lo ven así. En lo que va del año 300 mujeres denunciaron a los diferentes Centros de Emergencia Mujer (CEM) que sus parejas las obligaban o pidieron que aborten al niño por nacer.

La jefa del CEM Miraflores, Ruth Gallegos Esquivias, explicó que muchas mujeres en gestación denuncian que sus parejas las quieren obligar a practicarse un aborto. Si bien es cierto, no denuncian específicamente el hecho de violencia en contra del niño por nacer, lo hacen por ellas mismas.

“Evaluando la situación se detecta que los agresores agreden al niño por nacer, que es una violencia psicológica común”, señaló.
En lo que va del año hay 10 mil casos por violencia familiar y en el CEM Miraflores hay 2800. Gallegos Esquivias señaló que las denuncias se incrementan porque hay más lugares donde pueden acudir a quejarse las víctimas de violencia.

“En las comisarías tenemos CEM en Acequia Alta, Campo Marte, Andrés Avelino Cáceres, Cerro Colorado; además de los nueve CEM regulares y los servicios de 24 horas y de atención urgente”, explicó.

Señaló que la violencia psicológica es la más común, la más difícil de comprobar y la que deja las secuelas considerables. Alcanza un 62% del total de denuncias, la violencia física representa el 28%, la violencia sexual poco menos de 10%, que en los últimos meses se incrementó. Solo en el CEM de Miraflores hay 155 casos y a nivel regional serán 600 casos en menores de 18 años. Por último la violencia económica o patrimonial ocupa un porcentaje menor de denuncias.

INVESTIGAN CASOS
En el país el aborto es un delito y es ilegal, por lo que la Policía tiene la responsabilidad de investigar los casos, al tratarse de atentados contra la vida, el cuerpo y la salud. En Arequipa la autoridad investiga unos diez casos, que fueron confirmados tras el ingreso de las pacientes a un nosocomio.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel PNP Wilder Rodríguez Arapa, que los casos salieron a la luz luego que las mujeres que interrumpieron el embarazo presentaron complicaciones en su salud y por ello tuvieron que ser hospitalizadas.

Sin embargo al rastrear el lugar y a la persona que practicó el aborto se complica para la Policía, debido a que las pacientes se niegan a declarar y obstaculizan la investigación, afirmó el oficial.
Los diez casos registrados por la Policía fueron informados por el personal médico del hospital Honorio Delgado y luego derivados para su investigación por la unidad especializada de homicidios de la Divincri.

Otra dificultad que afronta la policía es lograr la flagrancia del delito, lo que en muchas ocasiones genera que las personas involucradas en el aborto consentido no puedan ser detenidas y queden libres.
Asimismo, Wilder Rodríguez, manifestó que las sanciones por el delito de aborto son muy benignas, por lo que los involucrados no llegan a pisar la cárcel.

La pena para una mujer que consiente un aborto puede ser de hasta dos años de prisión. La penalidad para una persona que realiza un aborto ilegal puede ser de uno a cinco años de prisión.
En lo que va del año se han realizado unas 20 intervenciones a tópicos clandestinos ubicados principalmente en el centro de la ciudad.

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