Arequipa

Yarabamba maneja S/. 100 millones pero pobladores no tienen agua

20 de enero de 2020
Alcalde estima que en mayo habrá una respuesta al problema del agua en Yarabamba.

Yarabamba es uno de los distritos, luego de Cerro Colorado, que más dinero recibe por canon minero. Por lo menos maneja 100 millones de soles, pero su población no tiene agua ni desagüe. El distrito cuenta con una población de mil 200 vecinos.

El alcalde José Álvarez Málaga reconoce que no ha ejecutado ni siquiera el 40% del presupuesto del año pasado y balbucea cuando se le pregunta qué obras hizo durante el 2019, sin tener una respuesta certera. La población denuncia que se prioriza el mantenimiento de un parque a obras de saneamiento.

“Si un simple mantenimiento tiene un valor real de 15 o 20 mil soles, las fichas técnicas están por más de 250 mil soles y da la casualidad que todas la ejecuta un solo proveedor que tiene varias empresas”, señala un denunciante.

Según indicó el burgomaestre, en mayo se debe resolver el tema del agua potable, lo cual parece incierto, puesto que el mismo se encuentra judicializado por irregularidades que se detectaron en anterior gestión, mientras tanto les reparten agua en cisternas por la cual el municipio paga.

“Ese también es un gran negociado, ya que hay quien se beneficia con la venta del agua y el alquiler de las cisternas”, denuncian.

PROCOMPITE
Lo más escandaloso está en una convocatoria de Procompite, que ha sido observado por la Contraloría General de la República. Es que quedaron finalistas proyectos singulares, como la construcción de un hotel turístico en no más de 70 metros cuadrados, o un “spa de belleza con sauna de aromaterapias” en el anexo de Sogay, que estará ubicado en medio de predios agrícolas.

Procompite destina un presupuesto del Estado para desarrollar proyectos de emprendimiento que ayuden a los vecinos organizados de zonas alejadas a superarse económicamente.

A este concurso se presentaron 70 proyectos, quedando siete como finalistas, pero el Órgano de Control interno observó que quienes participaban en la evaluación de los proyectos ni siquiera estaban habilitados por sus colegios profesionales y que los expedientes carecían de una serie de formalidades exigidas en los requisitos.

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